Mujer, inmigración, trabajo y ciudadanía: Empoderando a las mujeres

 

María José Escartín Caparrós¹

María Dolores Vargas Llovera¹

 

¹Universidad de Alicante, Espana

 

Resumen

El propósito de este artículo es hacer unas reflexiones sobre la posición de las mujeres que emigran en la sociedad global y sus posibilidades y limitaciones a la hora de ejercer sus derechos y deberes sociales como ciudadanas en las sociedades receptoras. Siendo el trabajo un aspecto fundamental de las migraciones económicas y además uno de los aspectos en que se fundamenta el reconocimiento de estatus, se dan las relaciones sociales y la participación en la comunidad de las personas, pensamos en las peculiaridades que, desde el punto de vista del análisis de género tiene el trabajo de las mujeres inmigrante y cómo validar sus aportaciones a la sociedad.

Palabras-clave ciudadanía, fronteras, inmigración, género, trabajo, empoderamiento

 

Abstract

Immigrant woman, work and citizenship: empowering women

The aim of this article is to reflect the position of women who emigrate in the global society, as well as their possibilities and their limits when it comes to exercise their rights and their social duties as citizens of societies which receive them. We study the peculiarities of the work of immigrant women, from the point of view of the gender analysis, and the way to validate their contributions to society. Work is a basic aspect of economic migrations as well as an important feature for the status recognition.

Key-words citizenship, frontiers, immigration, gender, work, empowerment

 

Résumé

Femme immigrante, travail et citoyenneté: renforcement du pouvoir des femmes

Le propos de cet article est d’apporter des réflexions sur la position des femmes qui émigrent dans la société globale ainsi que sur leurs possibilités et leurs limites au moment d’exercer leurs droits et leurs devoirs sociaux en tant que citoyennes dans les sociétés réceptrices. Nous examinons les particularités du travail des femmes immigrantes, à partir de la perspective de l’analyse de genre, et la façon de valider leurs apports à la société. Le travail est un aspect fondamental des migrations économiques et un des points sur lequel se base la reconnaissance de statut.

Mots-clés citoyenneté, frontières, immigration, genre, travail, renforcement de pouvoir

 

1. Planteamiento de la cuestión: las mujeres migrantes y la ciudadanía

Un debate de plena actualidad en las sociedades europeas es el de la integración de la población inmigrante y en qué condiciones debe darse ésta. Esto implica una doble moral en los países de la vieja Europa: por una parte, los inmigrantes parecen ser bienvenidos, siempre que lo hagan de manera regular y cumpliendo los criterios de los guestworkers, por otra parte se imponen condiciones que limitan sus derechos y hasta se cuestiona su plena capacidad como ciudadanos.

El triunfo de la ultraderecha como ha ocurrido en Suiza recientemente y sus consecuencias para la inmigración o la recién aprobada ley para la determinación del ADN en Francia de cara a permitir la reagrupación familiar o, los debates sobre el uso del velo en los colegios públicos como también es el caso de Francia y de España complejizan las ya de por sí, difíciles relaciones entre la sociedad de acogida y las personas que llegan en busca de una vida más digna y de mejores oportunidades.

De esta forma, un tema central en este debate es el interjuego entre los derechos civiles, políticos y sociales y las relaciones con la ciudadanía social, la participación política y el poder.

Por otra parte, una nota definitoria de las sociedades avanzadas del siglo XXI es el de las relaciones que existen entre el proceso de globalización que afecta a todos los lugares del planeta y el proceso de construcción de ciudadanía que afecta a aquellas personas que se desplazan a lo ancho y a lo largo del planeta.

Este fenómeno de desplazamientos humanos no es una situación nueva en el mundo; así, desde el inicio de los tiempos, las personas se han movido de un sitio para otro por diferentes motivos: guerras, hambrunas, cuestiones religiosas, etc. En el momento actual y como una de las consecuencias de la globalización, los flujos migratorios afectan a todos los rincones del planeta con unas peculiaridades respecto a otros momentos de la historia.

Así, una característica que singulariza el fenómeno en nuestros días es la diversidad de formas que revisten las migraciones: diferentes motivaciones para emigrar, migraciones temporales, de larga duración, de baja y alta cualificación, mafias de tráfico de personas, migraciones por género… por tanto, no estamos ante un modelo único, sino ante una pluralidad de modelos.

Castells (1998) resume muy claramente el fenómeno actual: «la migración internacional es parte integrante de la mundialización que puede ser definida como una ampliación, profundización y aceleración de la interconexión mundial en todos los aspectos de la vida social contemporánea. El principal indicador de la mundialización es el rápido crecimiento de los flujos fronterizos de todo tipo: finanzas, comercio, ideas, contaminación, productos mediáticos y personas…»

Vivimos, pues, en un mundo sin fronteras en lo que se refiere a los procesos económicos (capital-mercancía, capital-dinero y capital-producción) y sin embargo, esas mismas fronteras se vuelven férreos muro de separación y de segregación entre mundos antagónicos: el opulento Norte y el paupérrimo Sur; muros que en ocasiones –hoy ya casi es cotidiano: los espaldas mojadas mexicanos, los subsaharianos y africanos que intentan cruzar el estrecho…– se tiñen de sangre de los seres humanos que pretenden buscar la subsistencia en el paraíso occidental.

La frontera ha sido una realidad con una fuerte dimensión simbólica sistemáticamente ordenada para conferirle objetividad a situaciones sociales connotadas como nacionales. Razón por la cual, se ha tenido como un límite sólido y simbólico de la homogenización de la sociedad operada por los Estados Nacionales. Sin embargo, su «solidez» se desvanece, desaparece según los postmodernos o, por lo menos, se encuentra desbordada por flujos humanos, desterritorializaciones de identidades colectivas y del capital, proyectos geopolíticos, pactos internacionales y múltiples formas de representación políticas, mediáticas y artísticas (Appadurai, 2001). En el escenario actual de la globalización se redefinen los espacios nacionales y locales, se completan las realidades fronterizas y dan nuevos sentidos al símbolo-frontera. Hoy se multiplican los riesgos y las incertidumbres de la sociedad contemporánea en torno a lo que se ha instituido con rigidez externa e interna, geopolíticamente hablando, como su limen o liminaridad (Basail y Vargas, 2006).

En las fronteras sobreviven y escapan los límites que postulan y contienen la vida social; se constata una fuga de las circunstancias que le dieron un sentido primigenio o, en otras palabras, un orden caótico y polivalente que se resiste a ser definida trágica y dolorosamente en las crónicas periodísticas o en las réplicas defensivas de los comunicados gubernamentales. Siguiendo a Foucault, algunos autores llaman heterotopia al (des)orden en la frontera de múltiples fragmentos de experiencias distintivas que brillan sin encontrar un lugar de residencia definitivo. Estas situaciones donde la permeabilidad de cosas, imágenes y personas lo cambia todo y los contactos reticulares mantienen unidas y vivas a comunidades transnacionales, subvierte la existencia precaria, contingente y privada de centro de la frontera. Como advierten Odgers (2001), Valenzuela (2003) y Fals Borda (2004), en las fronteras hay un nuevo centro floreciente no sólo porque así las asumen quienes las habitan, sino porque son centro de la preocupación sociopolítica, económica, cultural y ambiental por su constitución como espacio de relaciones sociales (Basail y Vargas, 2006).

Lo que va a determinar que una persona tenga unos derechos o no, que pueda o no cruzar unas fronteras en el sentido moderno tiene que ver con el concepto de ciudadanía. Este es un concepto político, evidentemente, ligado a los derechos políticos y sociales de los miembros de un Estado, lo que tradicionalmente ha denotado la adscripción de una persona a un Estado Nacional y, a partir de ahí la distinción entre nacionales y extranjeros, una distinción que a juicio de Walzer (1998) se convierte en un instrumento de exclusión.

Para nosotras, el concepto de ciudadanía es un concepto dinámico. De acuerdo con Espín (2007) esta apreciación supone contemplar la ciudadanía tanto como un estatus (lo cual incluye aspectos jurídicos y legales) pero también como un proceso que implica la plena participación en el interjuego social y político. En definitiva, la consideración de ciudadano o ciudadana es ser –y sentirsemiembro de una comunidad, lo que confiere derechos y deberes. Es tanto, un status (o una identidad) y una práctica o proceso de formar parte del mundo social a través de la puesta en práctica de esos derechos y deberes.

Las migraciones actuales están directamente relacionadas con la compleja dimensión del actual concepto de ciudadanía, restringido y de consecuencias, en muchos casos, trágicas en todos los países receptores de inmigrantes que operan, ya no sólo en la exclusión, sino en la desigualdad social y cultural, es decir, nos encontramos con sociedades fragmentadas y divididas ante la condición de ciudadano, provocando procesos de diferenciación en el ejercicio de los derechos y deberes, convirtiéndose estas «ciudades multiculturales» en una división dual de ciudadanos/no ciudadanos (Vargas, 2007).

Si se acepta la diversidad cultural, la diferenciación étnica, religiosa, etc., nos derivan a una fragmentación social, y se puede hablar que el inmigrante es bueno para el trabajo que la sociedad receptora le asigne o le destine, pero no es bueno para formar parte de la misma con el mismo status estamental que esta ciudadanía se rige.

A partir de los estudios que estamos llevando acabo sobre ciudadanía, las sociedades receptoras de inmigrantes se han convertido en sociedades abiertas multiculturales, en espacios sociales y de tiempos reales de convivencia de individuos que conforman las diferentes culturas. Según Nair y De Lucas (1998), la multiculturalidad se presenta como un dato fáctico, un hecho social caracterizado por la existencia de manifestaciones culturales diversas, por la presencia de diferentes códigos culturales en una misma sociedad; se trata de sociedades multiétnicas con diferentes identidades culturales. El pensamiento de estos autores forma parte del pensar colectivo de quienes formamos parte de los estudios sociales, pero la realidad testamentaria de este reconocimiento multicultural sólo existe en los documentos que los acrediten como residentes o incluso de reconocimiento de nacionalidad pero, sin embargo, siguen formando parte de los no reconocidos como ciudadanos en igualad de condiciones.

La multiculturalidad es una realidad cuyos procesos comportan pautas conflictivas y como alegan Cohn-Bendit y Schmit (1996) el conflicto es inherente a la propia dinámica social y la inmigración generaliza nuevas dimensiones de conflictividad social, asimismo consideran que se equivocan quienes piensan que las sociedades sin extranjeros serían más pacíficas y también se equivocan los que piensan que las sociedades multiculturales serían más armónicas. Apuntan que la multiculturalidad «tiene un doble rostro: amable, uno; hostil, otro». Los flujos migratorios no son inocuos, ni para los inmigrantes, ni para las sociedades receptoras. La multiculturalidad real no está asumida, ni por parte de los estamentos, ni por la masa social, las sociedades están fragmentadas y la división resulta innegable entre los ciudadanos/no ciudadanos (Vargas, 2007).

Hablar de ciudadanía en las migraciones transnacionales es hablar de ciudadanía diferenciada encontrándonos en una situación de cambio, de separación, de exclusión ante una realidad migratoria importante, a pesar de reconocer que los Estados tienen el derecho soberano de formular sus propias leyes asignando las condiciones jurídicas de los individuos. Esto nos lleva a una condición de ciudadanía restringida en que la problemática se nos revela en el momento en que nos planteamos si la persona emigrante está comprendida o no en el perfil y definición de ciudadano o ciudadana (Vargas y Escartín, 2006).

Coincidimos con Cortina (1997), al considerar que el concepto de ciudadanía se genera desde la dialéctica interno/externo, desde esa necesidad de unión con los semejantes que comporta la separación de los diferentes. Esta situación, en las sociedades llamadas occidentales, se percibe como un permanente conflicto. Cualquier noción de ciudadanía que desea responder a la realidad actual debe estar totalmente ligada, no sólo a la ciudadanía nacional, sino a una ciudadanía mucho más universal tratando, de este modo, buscar una ciudadanía o identidad más integrativa y menos disgregadora. Marshall ([1950] 1998), ya concibió la ciudadanía desde la perspectiva que ciudadano es aquél que en una comunidad política no goza sólo de derechos civiles, en los que no sólo existen derechos políticos sino también derechos sociales.

En consecuencia la ciudadanía social está ligada directamente a los derechos sociales, cuya protección vendría o tendría que estar garantizada por el estado nacional. Una situación de difícil apuesta ante la transnacionalización existente, es decir el orden internacional está inmerso en grandes transformaciones (Basail y Vargas, 2006).

El concepto de ciudadanía nos lleva a deducir que en las sociedades receptoras de inmigrantes la ciudadanía está fragmentada y limitada. El inmigrante se siente ciudadano de su país, pero no ciudadano del país receptor a pesar de que se encuentre en una situación administrativa totalmente regularizada, se debaten entre su lugar de nacimiento y su lugar de vida. De acuerdo con De Lucas (2004), los inmigrantes podrían poseer no sólo derechos civiles, económicos, sociales y culturales sino también en determinadas condiciones el conjunto de derechos políticos bastaría vincularlos a la residencia y no a la ciudadanía-nacionalidad. Pero la realidad es otra, los inmigrantes están permanentemente amenazados porque no existe un replanteamiento de la ciudadanía.

Basail y Vargas (2006) han considerado que sentirse y saberse ciudadano es un principio fundamental para entender la realidad de la ciudadanía. Pero el sentido de ciudadanía es político, es decir, un individuo se siente ciudadano en virtud de sentirse de pleno derecho, política y administrativamente, de una comunidad, sociedad o país y que en su inconsciente debe una adhesión de lealtad hasta el fin de sus días, de esta manera, se entiende que este reconocimiento a una comunidad política va unida al estatuto de ciudadano al mismo tiempo que constituye un factor de identidad.

2. La participación de las mujeres en la sociedad civil: el trabajo, esfera fundamental de la vida social

La construcción social del inmigrante pasa por diferentes factores que van desde la estratificación social, los aspectos culturales, su nacionalidad y las diferencias de género. Este conjunto de situaciones nos llevan a la percepción y constructo de la población inmigrante. Lo que somos capaces de percibir, siguiendo a Zamora (2003), y como lo percibimos esta condicionado por clichés y prejuicios que son construcciones sociales en lo que se entremezclan intereses, temores, proyecciones… tanto individuales como grupos e instituciones.

En este contexto de problematicidad, para las mujeres y otros grupos marginales, se está incrementando la exclusión y la desigualdad; cuestión que tiene que ver con los modelos económicos de las sociedades occidentales que impiden una participación efectiva de esos grupos en la comunidad.

No obstante, es evidente que a partir de la mitad del siglo XX, las mujeres han logrado importantes avances en la lucha por sus derechos y actuación en la sociedad, incluso en términos de fuerza de trabajo y en participación política, lo que ha llevado a la necesidad de repensar las relaciones de género en la sociedad.

Sin embargo, sigue habiendo barreras sociales, culturales, económicas y políticas, entre otras, sedimentadas e incrustadas, que han dificultado el desarrollo de modos de organización y prácticas más cooperativas en las relaciones de género, que requieren una división más equilibrada de responsabilidades y tareas entre individuos de géneros distintos, tanto en la esfera de la vida pública, cuanto privada, cuyas fronteras son permeables y mutuamente influyentes.

El patriarcado, uno de los modelos sobre los cuales se fundó la sociedad contemporánea y en el que está basada la relación binaria y jerárquica entre hombre y mujer, donde los géneros asumen funciones dicotomizadas y predeterminadas, siendo la mujer. Subordinada al hombre, ha sufrido críticas y retracciones considerables a lo largo de la historia. Sin embargo, resguardándose las diferencias sociales y culturales entre sociedades de periodos históricos distintos y distantes, se verifica la reproducción de algunos aspectos de ese sistema en varias instancias sociales, culturales, políticas y económicas, públicas y privadas, lo que trajo implicaciones, directas e indirectas, a la formación de las identidades de individuos de géneros distintos, así como sus relaciones en la sociedad.

Según Bourdieu (1999), la dominación masculina ha acompañado el desarrollo de la humanidad a lo largo del tiempo, sin jamás haber sido sustancialmente superada, siquiera en las sociedades modernas, consideradas democráticas, en las cuales la igualdad de derechos es considerada principio fundamental. Así, las teorías feministas han criticado tanto los enfoques liberales como las socialdemócratas de la ciudadanía, desde una perspectiva de género.

En el caso del liberalismo, los enfoques de ciudadanía se basan en la división entre público y privado bajo la premisa del derecho a la libertad de los ciudadanos, en contra del estado y basándose en virtudes privadas. La crítica feminista aduce que una de las implicaciones de esta concepción ha sido la de excluir la maternidad y el cuidado del concepto efectivo de ciudadanía.

Por su parte, la socialdemocracia se basa también en la división entre lo público y privado pero, en contraste con las teorías liberales, preconiza la política comunitaria, la participación y las virtudes públicas. En este caso, la crítica feminista sostiene que una de las implicaciones de esta concepción es la exclusión de las mujeres del dialogo social, si bien la Socialdemocracia reconoce teóricamente la igualdad entre los y las ciudadanas, pero de forma paternalista y reproduciendo el modelo de ciudadano trabajador y ciudadana madre (Siim, 2001).

Pues si es evidente que todavía existen dificultades para las mujeres nacionales, incluso en los llamados «países desarrollados» en los que la batalla para muchas mujeres que eligen trabajar en el espacio público es romper el «techo de cristal», el caso de las mujeres inmigrantes es mucho más complicado.

El trabajo es una esfera fundamental de la vida humana, no sólo para la subsistencia sino también para la interacción social, el fortalecimiento de la autoestima y de la identidad y el prestigio. De acuerdo con Comas d’Argemir, el trabajo es una actividad propiamente humana porque sólo los humanos inscriben las actividades de subsistencia en un marco social y simbólico que amplía las capacidades individuales y las dota de capacidad transformadora (Comas, 1995).

Por otra parte, la desigualdad, estructura a su vez el mercado laboral ya que la estratificación de éste encuentra en esa desigualdad uno de los pilares básicos para la acumulación capitalista. De esta manera, la pertenencia a uno u otro género, a una u otra clase social, y a uno u otro grupo étnico o generacional son los componentes fundamentales que actúan en la estructuración selectiva de los mercados de trabajo, siendo pues los elementos que clasifican la participación de los sujetos dentro de los mismos (Aguilar, 1993). Esta clasificación se basa en que tales elementos o categorías, condicionarán la distinta naturaleza del acceso a conocimientos, recursos y oportunidades de participación y elección en el mundo laboral, que darán como resultado la jerarquización laboral y la estratificación organizada del mercado de trabajo.

De este modo, género, clase, etnia y edad, se convierten en los elementos sustantivos de las desigualdades sociales y de la desigualdad laboral, y el mercado de trabajo está por tanto dividido por estas categorías, pues son tales principios clasificatorios los que segmentan a los trabajadores dentro de la estructura laboral.

Es a través del trabajo como los sujetos de una comunidad adquieren un reconocimiento determinado, un status y prestigio, se les permite participar en el ámbito de lo compartido socialmente y se les otorga unos rasgos definidores de su propia identidad. Y es que los grupos humanos, definen una parte de su identidad a través del trabajo, porque por muy instrumentales o impersonales que puedan ser las tareas que se realicen, para el trabajador se trata de una experiencia personal, de una forma de relacionarse con la realidad en que vive, de identificarse y de ser identificado.

Las migraciones están ligadas mayoritariamente a la economía, su camino hacia la emigración lo han emprendido por las penurias que en sus lugares de origen tienen en sus estructuras sociales y económicas. El paso de emigrante a inmigrante no resulta tan fácil y menos si es para una mujer, porque el «paraíso» por ellos buscado, es en parte una falacia. Los países receptores llevan a los inmigrantes a condiciones de trabajo difícil, incierto, inseguro, fomentando la economía informal o sumergida.

Como afirma Zamora (2003), la rentabilidad económica de la inmigración, está unida a la sobreexplotación y la discriminación social de los inmigrantes y tiene efectos no deseables sobre el conjunto del mercado de trabajo.

Esta situación del trabajo que desempeñan los migrantes en general, se vuelve mucho más compleja cuando se trata de mujeres inmigrantes en particular. Las diferencias de género en el mundo laboral, no sólo cambian cuando están vinculadas a cada uno de los roles, sino que desempeñando el mismo trabajo, la mujer se encuentra en posición desfavorecida y siempre que no estén, además, en situación de dependencia familiar.

El trabajo es una de las variables donde más se aprecia las inequidades entre hombres y mujeres. Parte de una división sexual del trabajo en que a la mujer se le asignan roles domésticos, relacionados con la reproducción y al hombre, extradomésticos o productivos, o, lo que es lo mismo, marca la diferencia entre el ámbito privado, invisible y el ámbito público.

La accesión de las mujeres al mercado de trabajo genera importantes cambios en sus vidas, tanto desde el punto de vista de su autonomía personal y económica, como de las relaciones de género; no obstante, también viene acompañada de serios problemas referidos a las condiciones en que las mujeres se incorporan al mercado laboral, dada la persistencia de estereotipos que perciben a las mujeres como una fuerza de trabajo secundaria y de prácticas sociales que refuerzan roles reproductivos tradicionalmente asignados a las mujeres, constituyéndose en una fuente de discriminación que se mantiene durante y después de su vida laboral.

De esta forma, la incorporación progresiva de la mujer al mundo del trabajo en las sociedades occidentales es lenta y difícil y las mujeres tienen que incorporar un doble o triple esfuerzo: reproducción, doble jornada (doméstica y pública).

Pero en el caso de las mujeres inmigradas, además de la inequidad se da la exclusión y la marginación ya que los tipos de trabajo a los que pueden acceder tienen esas características.

Sassen (2003) afirma que los tipos de trabajo desarrollados fundamentalmente por las mujeres inmigrantes se dan principalmente en la economía sumergida o en circuitos alternativos, lo que redunda en la indefensión y en la invisibilidad social. Es por tanto, un óbice para la participación social y por ello para su pleno reconocimiento como ciudadanas.

Estamos ante una paradoja del sistema patriarcal, aunque no sólo en el caso de las mujeres inmigrantes: hacen aquello para lo que se las ha socializado mediante siglos: la maternidad y el cuidado, pero eso no está reconocido como trabajo (en el espacio público) y las conduce a la invisibilidad social.

En la reconstrucción que ciertos sociólogos hacen de los estudios sobre «el trabajo de las mujeres» (Borderías, 1993), podemos ver la diferencia entre los que abordan la problemática en términos de empleo y los que atienden fundamentalmente al trabajo. Y mientras que unos autores hablarán de empleo para referirse a las formas de acceso al mercado de trabajo (actividad, inactividad, precariedad, estabilidad, paro, trabajo a tiempo parcial, etc.), otros optarán por la denominación de trabajo cuando se ocupen de aspectos tales como sectores de actividad, cualificaciones, carrera profesional, salarios, condiciones de trabajo, formas de organización laboral, de control del trabajo y relaciones sociolaborales.

Categorías éstas, que tienen por su parte una inserción distinta en las diferentes disciplinas sociales, tales como la economía, la sociología y la historiografía que han utilizado el concepto de trabajo referido exclusivamente a la producción asalariada. Y en la medida en que se han desarrollado desde un prisma androcéntrico, sus teorías, categorías, metodología y conceptos, construidos a partir del análisis del empleo y del trabajo masculino, aunque pretendidamente universales, resultan difícilmente aplicables a las experiencias de trabajo de las mujeres. Los estudios feministas (Borderías, 1993), especialmente desde los años 80 se han centrado en una revisión de esas disciplinas y en un esfuerzo de reconceptualización de las categorías de actividad, empleo y trabajo.

Puede decirse que la perspectiva de género en este terreno ha transitado desde la crítica al concepto trabajo hasta los esfuerzos por incorporar la interrelación con otros ejes de inequidad, pasando por la problematización de las distintas dimensiones implicadas en la desigualdad de género en el mercado de trabajo, los instrumentos para cuantificarla, y la perenne preocupación por las consecuencias del trabajo sobre la condición de la mujer. (Borderías, Carrasco y Alemany, 1994).

La crítica al concepto de trabajo condujo a su redefinición para incluir las actividades de la reproducción e implicó la diferenciación entre la dimensión extradoméstico, orientada hacia el mercado, y una serie de actividades indispensables para la reproducción como el trabajo doméstico y la producción para el autoconsumo, por ejemplo (Poal, 1993).

La hipótesis detrás de estos esfuerzos sostenía que la dimensión aparentemente invisible del trabajo femenino, la doméstica, ocultaba la verdadera contribución femenina a la actividad económica y, por tanto, al desarrollo.

Las nociones de división sexual del trabajo, doble jornada y compatibilidad entre la producción y la reproducción fueron parte de los primeros desarrollos teóricos propulsados por esta redefinición. Mediante la primera de ellas fue posible encontrar un eje de articulación entre el mundo del trabajo y la familia, dando cuenta al mismo tiempo del modo en que la organización de ambos condicionaba la participación de las mujeres en la actividad extradoméstica y contribuía a la reproducción social.

El género también sustenta la división dentro del trabajo remunerado entre ocupaciones masculinas y femeninas a las que se les atribuye distinta valoración.

La discriminación de las mujeres asegura una mano de obra barata para un conjunto de actividades y formas de relación laboral necesarias para el funcionamiento de la economía global: manufactura y agricultura de exportación, servicios de apoyo a las empresas globales y servicios personales en las ciudades globales.

Si bien hay que señalar que, en ocasiones, aun con condiciones de trabajo precarios, relaciones laborales inestables y con escasa protección de seguridad social, hay muchos casos en que el acceso a estos trabajos puede representar un progreso respecto a condiciones previas. Por ejemplo, mujeres expulsadas del campo por falta de tierras o por la reestructuración agrícola, que tenían sólo la alternativa de la migración hacia las ciudades en busca del empleo doméstico, encuentran ahora alternativas en el trabajo temporal en la agricultura de exportación.

La existencia de alternativas ha mejorado inclusive las condiciones de trabajo en el empleo doméstico. Esto no impide, sin embargo, que una nueva corriente migratoria de regiones más pobres, pueda reproducir esas condiciones superadas para otros grupos de mujeres. Por ello es necesario insistir en la consideración de la especificidad de las situaciones y de la imposibilidad de tener recetas generales.

No podemos tener una imagen homogénea de la mujer inmigrante, puesto que las situaciones en que se encuentra entran en un contexto donde existe una gran pluralidad de circunstancias y significados. Si las migraciones económicas, de por si, se engloban en situaciones carenciales y de pobreza, en lo que respecta a las mujeres inmigrantes podemos observarlas dentro de los procesos de feminización de la pobreza. Bien es cierto, que cuando hablamos de la inmigración femenina tenemos que definirla bajo dos puntos de vista: por un lado se encuentra la emigración por motivos económicos y por el otro la emigración por reagrupamiento familiar.

El segundo plano que se percibe entre las mujeres inmigrantes, viene condicionado por sus opciones laborales. Su trabajo está mal pagado, peor cualificado y en el entramado de la clandestinidad laboral, es decir, una categorización social: la de mujer inmigrante no comunitaria y excluida de la sociedad.

El que la inmigración femenina vaya cada vez en aumento es una vinculación directa con los procesos de globalización y las políticas neoliberales. Saskia Sassen, una teórica de la globalización, ha indicado que existen conexiones entre el impacto de las políticas económicas que aplican en los países de desarrollo, el empobrecimiento de los mismos, los actuales sistemas transfronterizos y la feminización de los mismos, todo ello dentro de la economía globalizada (Sassen, 2003). La feminización de los procesos migratorios es una realidad que se vincula de cierta forma a la ayuda que proporciona a la familia que queda en su lugar de origen, ya que asumen con gran energía la responsabilidad familiar. Son ellas que sufren las situaciones más difíciles, las que aguantan las peores condiciones de trabajo, las que su proyecto migratorio las transforma dentro de la invisibilidad y el no reconocimiento social de sus actividades.

3. El caso español

En general, consideradas «ejército de reserva», no fundamentales para el sistema productivo, las mujeres inmigradas están ocupando espacios laborales abandonados por las mujeres autóctonas, aunque sí comparten las discriminaciones originadas de un mercado laboral con una lógica aplastantemente masculina.

En España, los cupos laborales establecidos por el gobierno para la población inmigrante, ceñidos básicamente al ámbito de servicios, la agricultura y la construcción, refuerzan los estereotipos sobre ellas y limitan las posibilidades de movilidad social y de realización profesional de estas mujeres. Pero además, muchas mujeres cuando llegan a la sociedad receptora se encuentran con la prostitución, voluntaria o forzosa como la única alternativa a la supervivencia, siendo como es el ámbito más estigmatizado del modelo mujer. En el caso español, concretamente, la política migratoria del gobierno, refrendada en la Ley de Extranjería, legitima la discriminación y exclusión que sufren las mujeres inmigradas no comunitarias.

El trabajo doméstico y de cuidado de los miembros de la familia limita el acceso de las mujeres a la capacitación y a la información necesaria para una mejor inserción laboral. Sin embargo, no hay que subestimar los efectos positivos del aumento de la participación laboral de las mujeres, que les ha permitido mejorar su capacidad negociadora al interior de la familia y aumentar su autonomía personal y económica.

Así, García Torrico (2004) indica que se constata una feminización en el sector laboral de servicio doméstico que pone en evidencia la reproducción en contextos receptores concretos de la división internacional del trabajo en función del género.

Algunos autores señalan que la población inmigrante forma parte de la nueva clase de servidores o «infraclase» que necesita el sistema económico imperante, caracterizado por la precariedad, la temporalidad, los bajos salarios y, sobre todo, por el poderoso papel de la economía sumergida.

Las mujeres inmigrantes, muchas veces, se encuentran en un verdadero desamparo social y legal, porque las leyes y las políticas de inmigración, aunque pretendan ser neutrales respecto a las diferencias de género, en la práctica suelen tener efectos desiguales sobre hombres y mujeres (Instituto de la Mujer). En efecto, el discurso de género en cuanto a la emigración va ligado a la doble discriminación étnica y económica, al estar insertadas las mujeres en segmentos laborales que se consideran marginales en la estructura ocupacional de la sociedad, por tanto se aumenta su invisibilidad.

Supuesto esto y en relación al tipo de trabajo que desempeñan, las mujeres inmigradas, sea cual sea su nivel de estudios y capacitación, tienen poquísimas posibilidades de trabajar en alguna esfera alejada del trabajo doméstico, la hostelería y los servicios personales, entre los que destaca el cuidado y atención de nuestros hijos y padres.

Por otra parte, se observan situaciones de «discriminación positiva» respecto a la mano de obra nacional, es decir, a la hora de contratar se prefiere inmigrantes extracomunitarios porque son «más baratos que los nacionales, porque debido a su fragilidad no pueden denunciar situaciones abusivas y porque son más dóciles que los nacionales en el sentido de que aceptan peores condiciones de trabajo o sobre-explotación» (Colectivo IOE, 2001).

Sin embargo y siguiendo a Cachón (2002) esas preferencias a la hora de la selección no se siguen a la hora del trabajo efectivo ya que se da una discriminación negativa respecto al salario y al tipo de trabajo.

Otro aspecto a destacar es la etnicidad de la segmentación del mercado de trabajo (Martínez Veiga, 2004), esto es, la tendencia a agruparse en determinados sectores en razón de la procedencia. Así por ejemplo, la mayoría de mujeres que se ocupan en el servicio doméstico son dominicanas, en la agricultura predominan los magrebíes y en el comercio, gambianos, senegaleses y magrebíes.

Hay que destacar, por otra parte que la inserción laboral de la población inmigrante en unos sectores determinados tiene que ver también con la coyuntura económica en cada momento del país de acogida. Los sectores en los que se integran laboralmente los inmigrantes se caracterizan por su desregularización, cuestión que también afecta a los trabajadores nacionales y que tiene efectos negativos para todos, nacionales y extranjeros. Un estereotipo que hay que combatir es el de que la precarización del mercado laboral es por causa de la inmigración; por el contrario, nada más lejos de la realidad, la precarización en el empleo, la economía sumergida, las altas tasas de paro están a la raíz misma del sistema económico y del modo de organizar la producción.

De entre los trabajos que realizan las mujeres inmigradas, sobresale, el trabajo doméstico, la agricultura, la hostelería y la prostitución. Entre las más «afortunadas » estarían las que colaboran en un negocio familiar (carnicería, pastelería, bazares).

El trabajo doméstico, considerado históricamente una actividad marginal y embrutecedora, tiene unas garantías laborales inferiores al resto de ocupaciones. Es un mercado de trabajo secundario, con bajos ingresos y elevada irregularidad, escaso grado de organización colectiva y con nulas posibilidades de promoción laboral. A lo máximo que puede aspirar una mujer trabajadora en el servicio doméstico es a trabajar como externa y ganar tiempo y espacio propio, y ello con la consecuencia negativa de ver recortados sus ingresos.

Por un lado, las políticas gubernamentales de regulación de flujos se han encargado de potenciar especialmente el crecimiento de esta franja ocupacional a través del sistema de contingentes laborales para trabajadores extranjeros. Por otro, al existir una demanda real, las mujeres que están en situación de irregularidad administrativa, encuentran con relativa facilidad un hueco en este sector.

Encuadrado en el mercado de trabajo secundario y desde una concepción económica esta actividad está caracterizada por bajos ingresos, malas condiciones, escaso grado de organización colectiva, trabajo precario, altos índices de economía irregular y nulas posibilidades de promoción laboral.

En el caso de las mujeres inmigrantes marroquíes que acceden a este mercado de trabajo (a diferencia del colectivo latinoamericano) lo hacen como externas, desarrollando un tipo de trabajo, caracterizado por las largas jornadas, la invisibilidad, el desconocimiento, la subestimación y el bajo prestigio social.

Las situaciones de discriminación que sufren las mujeres inmigradas, sobre todo los conocidos abusos laborales y sexuales de las mujeres que trabajan en el servicio doméstico, raramente son tratadas en los medios y, cuando lo hacen, abordan el grave problema como si se tratara de hechos aislados y secundarios.

Otro sector de ocupación relevante para las mujeres inmigrantes es el de la agricultura. En estos casos, la mujer inmigrante se ve doblemente afectada: por un lado, físicamente está en una situación de inferioridad por la dureza de las condiciones de este sector; pero también puede, en ocasiones, verse afectada por un choque cultural, pero, además tienen de los bajos salarios, precarios e irregulares y la precariedad en la vivienda y el hacinamiento.

Además, otra característica del trabajo agrícola que desarrollan los y las inmig rantes es el de la temporalidad, lo cual, unido a la rotación en los trabajos, hace que en la realidad, se ocupen para diferentes patronos en un corto espacio de tiempo, lo cual lleva a una externalización de la mano de obra que, de esta manera no pertenece a ninguna unidad productiva (Martínez Veiga, 2004). Esto conlleva precariedad e inestabilidad ya que se rompen las relaciones entre empleadas y empleadores.

Respecto a la prostitución, un sector que acoge a muchas mujeres inmigradas, la mayoría de las veces, forzadas por necesidad económica o por redes que trafican, Un buen número de ellas son mujeres procedentes de países de África, América y Europa, que carecen de documentación administrativa para permanecer en España y que son controladas por las organizaciones que han procurado su llegada.

Según la Memoria anual de la Policía (2006), un número difícil de determinar por las características, es el de mujeres inmigradas que se dedican a la prostitución, bien en clubes de alterne, bien en la calle. Al ser un sector especialmente conflictivo por las mafias que operan en el tráfico de mujeres, no se pueden ofrecer datos, aunque lo que si que consta es que a la prostitución se dedican fundamentalmente jóvenes africanas menores, fundamentalmente procedentes de Nigeria, Marruecos y Liberia; el caso de estas menores es preocupante ya que carecen de documentación administrativa para permanecer en nuestro país y son controladas por mafias que previamente las han introducido de forma clandestina.

En relación a las mujeres que, una vez introducidas en España, son llevadas a los locales y clubes de alterne para ejercer la prostitución, resulta casi imposible obtener alguna información acerca de sus condiciones de vida en ese entorno. Esas dificultades se mantienen incluso cuando algunas de las mujeres son traslaposibilidades dadas para ejercer en las calles de las ciudades. Las asociaciones que trabajan en beneficio de este colectivo reconocen la imposibilidad de contactar con las pocas mujeres inmigrantes que ejercen la prostitución en las calles, ya que son objeto de continua vigilancia por parte de las personas que las explotan sexualmente.

En definitiva, la prostitución, como dice Dolores Juliano (2004), es el caso más estigamatizado del modelo mujer. En el caso de las mujeres inmigradas, parece que sólo un pequeño porcentaje se dedica a la prostitución de forma voluntaria, aunque a medida que se endurecen las restricciones a la entrada a la Unión europea, su número tiende a aumentar. En cualquier caso está claro que es un sector muy expuesto a la vulnerabilidad social y a la exclusión, ya que además en el imaginario social tiende a asociarse con la droga y el delito.

Para terminar, señalar que en relación al trabajo de las mujeres inmigrantes, podríamos entrar en una situación paradójica: por una parte los sectores xenófobos visualizan como un peligro de la inmigración, la inseguridad ciudadana con el aumento de delitos contra la propiedad, la degradación de las ciudades, las ocupaciones ilegales de viviendas, pero por otra parte, al permitir únicamente la inserción laboral de este colectivo en sectores tan desregulados como los que hemos presentado, las abocamos inexcusablemente a la exclusión social y a la pobreza.

Queremos terminar con algunas reflexiones sobre el empoderamiento de las mujeres: el principal desafío del pensamiento feminista es desarrollar nuevas formas de solidaridad que sean capaces de integrar las diferencias. En este sentido, Pateman (1988) considera que es necesario introducir en las políticas sociales las políticas de «maternidad» y visualizar la labor de las mujeres en este terreno.

Otro modelo más reciente para propiciar la inclusión de las mujeres ha sido conceptualizado como «el derecho a cuidar y a ser cuidado», como una forma de integrar el trabajo de cuidado en la vida pública (Knijn y Kremer, 1997). En este sentido, el mérito de estas autoras es haber introducido una aproximación de género en las políticas sociales y los Estados de Bienestar. Por su parte, Fraser (1997) sostiene que el carácter doméstico de los cuidados ha sido la base para su exclusión de los derechos sociales, así, en este sentido urge plantear un concepto de ciudadanía que reconozca la importancia de los cuidados domésticos para la sociedad.

Esto puede hacerse desde dos perspectivas, la primera propone la inclusión de las mujeres y otros grupos marginales a través de políticas de presencia en instituciones públicas (por ejemplo a través de cuotas paritarias). El otro modelo se centra en la inclusión de las mujeres y otros grupos desfavorecidos a través de «políticas de diferencia», por ejemplo asociaciones voluntarias, grupos de iguales, etc.

En definitiva, los enfoques feministas sobre ciudadanía tienen diferentes vocabularios sobre estos conceptos y plantean la necesidad de repensar términos que no tienen que ser opuestos, tales como: a) igualdad y diferencia; b) trabajo y cuidado y c) participación y poder. De lo que se trata, es de establecer las dimensiones políticas, sociales y culturales de la ciudadanía y el papel de las mujeres en las agendas públicas.

En el caso de las mujeres inmigrantes, el trabajo de remuneración regular y la mejora del acceso a otras esferas públicas produce un impacto sobre sus relaciones de género: las mujeres aumentan su autonomía personal y su independencia; ganan más control sobre la economía doméstica, convirtiéndose muchas de ellas en «jefas de hogar», rompiendo así roles tradicionales.

De acuerdo con Sassen (2003), su acceso a los servicios públicos y a otros recursos públicos les da una posibilidad de incorporarse a la corriente mayoritaria de la sociedad; a menudo son ellas las que actúan como intermediarias en ese proceso dentro del hogar. Además del empoderamiento de las mujeres en el hogar, asociado al empleo asalariado, se posibilita su participación mayor en la esfera pública y su posible emergencia como actores públicos, tanto en las instituciones de asistencia pública y privada, como en la comunidad inmigrante/étnica. Por otra parte, las mujeres son más activas en la construcción de la comunidad y se posicionan en forma diferente que los hombres en relación con el estado y la economía en sentido amplio.

Y es que no podemos obviar el importante papel de las mujeres a la hora de preservar la cultura y las tradiciones y como mediadoras entre dos mundos y, sobre todo, no podemos olvidar que, como dice la antigua canción indígena, la mitad sur del cielo es mujer.

 

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María José Escartín Caparrós, Profesora Titular – Universidad de Alicante, Licenciada en Antropología Social y Cultural. Universidad Miguel Hernández, Elche, España. Licenciada en Trabajo Social. Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina. Diplomada en Trabajo Social, Universidad del País Vasco, España. Libros publicados: (1992), Manual de Trabajo Social, Aguaclara, Alicante; (1994), Introducción al Trabajo Social. Fundamentos teórico-prácticos, Ed. Aguaclara, Alicante; (1997), Introducción al Trabajo Social II: Intervención con Individuos y Familias, Aguaclara, Alicante; (1998), Modelos de práctica profesional, Aguaclara, Alicante; (1999), La inmigración hoy. Una visión desde las Ciencias Sociales. Ed. Compas. Alicante. Correo electrónico: Maria.Escartin@ua.es

María Dolores Vargas Llovera, Profesora Ayudante Doctora – Universidad de Alicante. Doctora en Filosofía y Letras- Sección Antropología Social por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Licenciatura en Filosofía y Letras, División Geografía e Historia, Sección Historia, por la Universidad de Alicante. Lectura de la Memoria de Licenciatura en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Libros publicados: (1999), Los Testigos de Jehová y otras confesiones. Una etnografía de pluralismo religioso en Alicante. Ed. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Alicante; (1999), La inmigración hoy. Una visión desde las Ciencias Sociales. Ed. Compas. Alicante; (1999), Jornadas Internacionales sobre Historia Contemporánea y Nuevas Fuentes. (coords.) En colaboración con José Miguel Santacreu Soler. Ed. Editorial Club Universitario. Alicante; (1999), Las migraciones del siglo XX. (coords.) En colaboración con José Miguel Santacreu Soler. Ed. Editorial Club Universitario. Alicante; (1999), Antropología e Historia Contemporánea de la Inmigración en España. (coords.) En colaboración con José Miguel Santacreu Soler. Ed. Editorial Club Universitario. Correo electrónico: E-mail: MD.Vargas@ua.es

 

Artigo recebido em Novembro de 2007 e aceite para publicação em Março de 2008.