ARTIGO ORIGINAL

“Buena vida”, “vida dura”: merecimiento y memorias migratorias en Catalunya

“Good life”, “hard life”: deservingness and memory of migration in ­Catalonia

Mikel Aramburu Otazu*

*Departament d’Antropologia Social, Universitat de Barcelona, España, e-mail: mikel.aramburu@ub.edu

 

RESUMEN

En los sistemas redistributivos de tipo liberal suelen crearse categorías separadas de beneficiarios y contribuyentes, donde se cuestiona el merecimiento de los primeros y se desarrolla por parte de los segundos una sensación de agravio distributivo. En este artículo se aborda esta cuestión desde la perspectiva de la redistribución interterritorial a escala estatal, que en el caso de Catalunya ha sido uno de los temas políticos más candentes de las últimas décadas. Se trata de una aproximación a hijos e hijas de migrantes procedentes del Sur de España que viven en Barcelona y que han experimentado un proceso de empobrecimiento en el marco de la crisis económica. A pesar de la lógica pluralidad de visiones, sobresale un relato recurrente según el cual la “buena vida” en las comunidades de origen de sus progenitores contrasta con (y hasta cierto punto se explica por) la “vida dura” en Barcelona. El relato del agravio distributivo tiene una especial significación si analizamos cómo la “memoria migratoria” (que en gran parte es una memoria de la urbanización) ha condicionado la autocomprensión de nuestros interlocutores, ya que en cierta manera esta memoria refuerza y al mismo tiempo atenúa el sentido de injusticia redistributiva. La idea de “merecimiento” se articula de una manera compleja, pues si por un lado el carácter inmerecido de la dura vida en Barcelona se ilustra y resalta por contraste con la buena vida en los pueblos de origen, los informantes suelen matizar su discurso evitando culpabilizar moralmente a sus parientes y paisanos.

Palabras-clave justicia distributiva, buena vida, merecimiento, memoria migratoria, Catalunya

 

ABSTRACTS

In liberal redistributive systems, the separate categories of beneficiaries and taxpayers are usually constructed. The deservingness of the former is questioned and a sense of distributive resentment is generated in the latter. This article addresses this issue from the perspective of territorial redistribution at the state level, which in the case of Catalonia has been one of the hottest political issues in recent decades. This article makes an approximation of the sons and daughters of migrants from the south of Spain living in Greater Barcelona. In spite of the logical plurality of visions, a recurrent narrative stands out according to which the “good life” in their parents’ communities of origin, of which they can offer personal testimonies, contrasts with (and to a large extent is explained by) the “hard life” in Barcelona. The distributive discrimination discourse has a special relevance when framed by the role that the memory of migration (which is largely a memory of urbanization) has in the self-image of our interlocutors since, in some way, it strengthens and at the same time weakens the sense of redistributive injustice. At the same time, the idea of “deserving” is articulated in a complex way. The undeserved character of the “hard life” in Barcelona is highlighted in contrast to the “good life” in the villages of origin, but the informants usually nuance this by adding comments that strive to not morally blame their relatives and “countrymen”.

Keywords distributive justice, good life, deservingness, memory of the migration, Catalonia

 

Introducción

En el tercer cuarto del siglo xx emigraron a Catalunya, la región española con más tejido industrial, alrededor de 1,5 millones de personas procedentes en su mayor parte de las regiones del Sur peninsular (Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha).^[1] Esta clase trabajadora inmigrante se instaló mayoritariamente en barrios periféricos precarios, desprovistos de los servicios e infraestructuras urbanas esenciales y alejados de los signos de autoreconocimiento de la ciudad y de la nación catalana. Con el tiempo, la movilidad social y geográfica fue atenuando la segregación y un gran consenso entre las fuerzas políticas construyó un compromiso operativo en torno a una definición cívica de la catalanidad. Este artículo forma parte de una investigación más amplia sobre este proceso de “nativización” de este sector social, a través de una aproximación etnográfica a los descendientes de los migrantes peninsulares.

Una de las cosas que más me sorprendieron cuando empecé a realizar el trabajo de campo en un barrio obrero de Barcelona era la frecuencia con que la gente contrastaba la “buena vida” de sus familiares y paisanos en las zonas de origen de sus padres con la “vida dura” en Barcelona.^[2] El caso es especialmente pertinente para discutir lo que se ha dado en llamar el welfare chauvinism. Por ello se entiende la inclinación a excluir de la redistribución a quienes son percibidos como extraños, diferentes étnicos que no merecen la ­solidaridad de la nación entendida como una “comunidad moral”, es decir, “el grupo con cuyas condiciones de vida uno se siente concernido” (Crepaz 2008: 116). Desde posiciones psicobiologicistas, este welfare chauvinism suele “comprenderse” como un “nepotismo étnico” del todo natural (Alesina y Glaeser 2004; ­Goodhart 2004). Este tipo de argumentos primordialistas parte de la existencia previa e incuestionable de un “nosotros” y un “otros”, sin tener en cuenta las contingencias históricas de la producción de estas categorías. Nuestro caso se presenta interesante precisamente porque esta distinción étnica entre nosotros y los otros no está a priori tan clara. Nos preguntamos qué alcance tiene aquí la “comunidad moral” de los sujetos, es decir quién “merece” formar parte del sistema de redistribución. Por ello es especialmente interesante analizar el discurso distributivo de nuestros interlocutores, explorando al mismo tiempo su memoria migratoria, y cómo ésta condiciona sus concepciones del “merecimiento”.

El contexto sociopolítico

El contraste entre la buena vida en las comunidades de origen de sus familias y la vida dura en Barcelona se interpreta preferentemente como una injusta transferencia de rentas a costa de los sufridos contribuyentes en las zonas productivas. Esta percepción puede inscribirse dentro de lo que Emmanuel Dalle Mulle (2018) denomina el “nacionalismo de los ricos”, un fenómeno reciente en la historia del nacionalismo, donde regiones económicamente prósperas, pero políticamente periféricas, se sienten explotadas fiscalmente por el Estado central, del cual buscan la separación. Las trasferencias de renta entre regiones, que existen en todos los países, resultan especialmente contestadas cuando se interpretan, según “explicaciones culturalistas”, como la extracción del producto de la ética del trabajo y el espíritu emprendedor de un pueblo o región por parte de alejadas y parasitarias burocracias macrocéfalas y regiones pobres. Dalle Mulle señala que, en el caso catalán, el partido que ha abanderado las demandas de independencia por motivos fiscales es un partido de izquierdas (Esquerra Republicana de Catalunya – ERC), a diferencia de lo que suele ocurrir en otras regiones europeas, como Flandes o el Norte de Italia, donde demandas de este tipo son planteadas por partidos de derecha.

El documentado estudio de Dalle Mulle muestra cómo ERC asumió este programa de “nacionalismo económico” desde principios de los años 90, mientras que el nacionalismo conservador gobernante se centraba en la consolidación de las instituciones de autogobierno y en el nacionalismo cultural, no siendo hasta el advenimiento de la Gran Recesión cuando se uniría decididamente a este tipo de demanda.

El crecimiento exponecial del independentismo catalán coincide con la crisis económica, momento en que se usó prolijamente el argumento del “expolio fiscal” (incluido el efímero pero famoso eslogan “España nos roba”). En el discurso de inauguración de la campaña electoral de 2009, el líder de ERC, Oriol Junqueras, hablaba de un “déficit fiscal brutal, sin parangón en Europa” que cifraba en “entre el 10 y 11% del PIB catalán”. Junqueras traducía estos parámetros macroeconómicos a la economía familiar:

“Le regalamos cada año al Estado español tres mil euros cada uno de nosotros. Doce mil euros por familia media catalana, el equivalente a un coche cada año. ¿Y cuántos años hace que dura eso? Pues, como mínimo, 23 años. Dos millones [de pesetas] por familia catalana que les regalamos en impuestos por 23 años hacen 46 millones de pesetas. ¿Cuánto vale un piso en vuestro pueblo? Pues probablemente el piso ya lo tendrías pagado”.^[3]

Eso es el momento en que se multiplican los estudios sobre “balanzas fiscales” interregionales que serán debidamente publicitados por los medios de comunicación. En 2011, la Generalitat cifraba el déficit en 5,6% o el 8% del PIB catalán, según fuera el método utilizado para calcular las balanzas fiscales.^[4] En 2014, el político socialista catalán Josep Borrell escribió con Joan ­Llorach un libro donde se preguntan qué parte del déficit estructural fiscal catalán es consecuencia de un “razonable efecto redistributivo” con el resto de España, dado el mayor nivel de renta de Catalunya (20% superior), y concluían que “ciertamente Catalunya tiene un déficit fiscal superior al que le correspondería si contribuyera proporcionalmente a su renta como indicador de capacidad, y recibiera proporcionalmente a su población, como indicador de necesidad” (Borrell y Llorach 2014: 107), y cifraban esta infrafinanciación en 1,5% del PIB catalán.

En cualquier caso, a partir de 2014, el tema del “déficit fiscal” fue perdiendo centralidad en el discurso público de los líderes independentistas, en favor del frame democratista.^[5] En un interesante debate televisivo mantenido en 2016 entre Josep Borrell y Oriol Junqueras, entonces vicepresidente y conceller de economía de la Generalitat, este último renuncia a intentar rebatir las críticas del primero al discurso del agravio distributivo, del cual el propio ­Junqueras había sido uno de los máximos exponentes.^[6] La publicación de balanzas fiscales que bajaban los desequilibrios respecto a las primeras estimaciones o apuntaban que otras comunidades tenían similares o superiores déficits, o bien la orientación estratégica a captar el favor de electores de izquierda, más escépticos en principio respecto al discurso del agravio fiscal, pueden haber propiciado la pérdida de centralidad del frame redistributivo en el discurso independentista.^[7]

Sin embargo, en 2013 nació desde el entorno de ERC la asociación Súmate, que ha hecho campaña a favor de la independencia a través de decenas de pequeños actos locales en barrios obreros castellanohablantes. De la importancia estratégica que para el independentismo ha tenido esta asociación da cuenta el hecho de que sus principales líderes hayan ocupado puestos destacados en las listas electorales independentistas durante los últimos años. Súmate reniega explícitamente de reivindicaciones culturales e identitarias y se centra prioritariamente en los beneficios prácticos del proyecto independentista. A pesar de que, a partir de 2014, el tema del espoli fiscal había menguado en el discurso público de los líderes independentistas, en sus charlas en los barrios obreros, Súmate seguía poniendo el énfasis en la idea del “expolio”. En este sentido, las palabras de Gabriel Rufián en uno de sus primeros actos públicos, en 2014 en el barrio de la Trinitat de Barcelona, resultan elocuentes: “Nosotros soportamos el 10% [de déficit fiscal]. Y ustedes lo saben mejor que yo… Yo tengo un hijo, y les puedo asegurar que no, a mí no me pagan la beca. A todos mis primos de Jaén [Andalucía] se la pagan, eh. Y se la pagamos nosotros, todos nosotros…”

En una entrevista, Eduardo Reyes, primer presidente de Súmate y posterior diputado en el parlamento catalán, explicaba así cuál era su método de persuasión:

“A un barrendero le expliqué de qué manera podría llegar a cobrar más con la independencia, porque parte de sus impuestos no se irían fuera, y los que se quedan revertirían en servicios para los ciudadanos de aquí y para él. Y la verdad es que me miró reflexivo como si hubiera abierto una puertecita nueva en su mente, me sonrió y me dijo que si era así pues él también estaba por la independencia” (cit. en Clotet y Fexas 2014: 60).

Como indica Dalle Mulle, la crisis económica “convierte la retórica de ERC en el diagnóstico y el pronóstico más apropiado para la población catalana” (2018: 57). La receptividad potencial de este discurso es muy alta en los barrios populares, donde las posiciones ante el debate independentista, ya fueran favorables o contrarias a la independencia de Catalunya, suelen coincidir en la primacía de los intereses materiales a la hora de justificar su opinión.

La crisis económica ha provocado una importante devaluación salarial de la clase obrera y las políticas de austeridad han degradado los servicios públicos. Durante el trabajo de campo, realizado ya en la fase de “recuperación”, la mayoría de mis informantes de clase obrera refieren devaluaciones salariales de entre el 15% y el 40%. Por su parte, la política fiscal de la Generalitat ha sido especialmente gravosa para las clases populares. Las rentas bajas y medias-bajas (de hasta 32 mil euros anuales) son, en comparación con el resto de regiones españolas, las que destinan una mayor parte de sus ingresos a pagar impuestos. No ocurre así con las rentas medias-altas (entre 70 mil y 200 mil) que tributan por debajo de la media española.^[8] Al mismo tiempo, la provisión de servicios dependientes de la Generalitat ha seguido una de las orientaciones más privatistas del Estado. Catalunya, la comunidad autónoma con el cuarto mayor PIB per capita de España, es la 16.ª región en gasto sanitario público por habitante y 13.ª en gasto educativo. Además, es la segunda región con mayor transferencia de recursos públicos a la sanidad privada y la quinta en transferencias a la educación privada. Es también la que más ha tardado en revertir los recortes sociales iniciados en 2010. El deterioro de los servicios públicos puede interpretarse como consecuencia de una financiación insuficiente del gobierno catalán dentro del marco redistributivo estatal, o puede leerse como resultado de una política de clase que obedece a los intereses de los grupos sociales que han sustentado las mayorías parlamentarias durante las últimas décadas de autogobierno. Ambas lecturas no son incompatibles y ambas son plausibles, pero, claramente, es la primera interpretación la que prevalece socialmente, también entre mis interlocutores.

Si bien nadie explica el malestar social únicamente como efecto del agravio distributivo, el éxito popular de esta narrativa ha tenido el efecto de minimizar la dialéctica de clases en el interior de Catalunya, al desplazar y re-escalar la percepción de injustica distributiva a un nivel básicamente estatal, como una cuestión interregional. De ello también es indicativo la inclinación de la mayoría de mis interlocutores a negar el impacto diferencial que ha tenido la crisis económica según los barrios y las clases sociales, lo que contrasta con los indicadores “objetivos” sobre los efectos de la crisis.^[9]

La redistribución como juego de suma cero

Duran i Lleida, un relevante político de la derecha nacionalista, decía en 2011: “en otros sitios de España, con nuestra contribución, reciben un PER para que pasen el resto de la jornada en el bar de su pueblo”. El PER (Plan de Empleo Rural) fue el nombre del programa que estableció el PSOE en 1984 en Andalucía y Extremadura para garantizar, a través de trabajos en obras públicas, el mínimo de días cotizados (“peonadas”) para que los jornaleros del campo pudieran tener acceso al subsidio de desempleo agrario. Aunque posteriormente el programa fue extendido a otras regiones y fue reinventado con otros nombres, el “PER” ha sobrevivido en el imaginario popular español como ejemplo del subsidio crónico y acomodaticio que, según el cliché, caracteriza la sociedad agraria meridional.^[10]

Sin embargo, ERC, como también señala Dalle Mulle (2018: 147), ha evitado aludir públicamente al “desmerecimiento” de los perceptores de ayudas sociales en las zonas pobres, lo que también contrasta con el discurso de la derecha lombarda o flamenca. Por lo general, la intelligentsia independentista catalana ha tendido, no sin alguna ambigüedad, a evitar alusiones denigrantes a las regiones españolas más pobres. En Catalunya, el discurso oficial sobre el agravio fiscal denuncia un sistema que ha priorizado las inversiones en infraestructuras de la España radial y que ha beneficiado sobre todo a Madrid, en detrimento de la eficiencia económica del conjunto (Bel 2010). Solo en un segundo plano y de manera menos habitual aparece en el discurso oficial la denuncia de un sistema de redistribución que compensa, vía gasto público, la escasa capacidad de algunas regiones por generar riqueza a través del mercado, produciendo sujetos económica y políticamente dependientes.

Sin embargo, en las periferias metropolitanas, este último es sin duda el discurso que más se oye, siendo incluso bastante transversal desde el punto de vista político. Obviamente, entre mis interlocutores hay quienes discrepan del discurso mayoritario del agravio distributivo. Se trata sobre todo de profesionales de origen obrero, relativamente protegidos de la devaluación salarial y en lo ideológico próximos a la izquierda no independentista, para quienes dicho discurso exagera las cifras para atraer nuevos independentistas, entraña un desprecio hacia las regiones meridionales, y constituye una cortina de humo para esconder los recortes y la corrupción en Catalunya (este último argumento también bastante presente entre electores de Ciudadanos). Más allá de estos sectores, en realidad muchos otros interlocutores (también los independentistas) conceden plausibilidad a estos puntos si se les pregunta sobre ello, pero estos no aparecen tan espontáneamente en la conversación ni están tan articulados en un discurso coherente ni son tan generativos de anécdotas y emocionalidad.

El discurso del agravio fiscal maneja una concepción de la distribución como una especie de juego de suma cero, donde el bienestar alcanzado por unos es a costa del malestar de otros. Por ejemplo, Samuel (32 años), taxista, va alternando continuamente referencias al exceso de impuestos que paga y lo dura y difícil que es la vida en Barcelona, y lo fácil que es la vida en Andalucía, de donde son originarios sus padres y que conoce bien porque conserva parientes, y que retrata como una tierra regada por abundantes ayudas públicas, gracias a los impuestos que se pagan en las zonas productivas:

“– A mí me parece muy injusto, muy injusto, que yo tenga que pagar tantísimos impuestos… Mis primos en Andalucía viven por 300 euros al mes: en un piso, cuatro habitaciones, suit, baño, comedor, salita y piscina comunitaria. Pagan 300 euros de alquiler. En Linares ciudad ¡Ciudad! Que no estamos hablando de donde nació mi madre, que hay cuatro cabras. […]

– ¿Y tú crees que todo eso lo estamos pagando nosotros, por decirlo de alguna manera?

– Sí, sí, sí. Exacto. No quería decir tanto, pero sí que es verdad. Yo lo veo muy claro. […] Mi tío [en Andalucía] estuvo un tiempo muy fastidiao, que lo echaban del trabajo, y veías al tío muy amargao, pero joé, es que tienen unas ayudas que no veas […] Allí pegas un toque de teléfono a la Junta de Andalucía y salen a ayudar, que ‘macho, no te preocupes, ¿qué tienes dos hijas? Mira, te pertenecen 340 al mes, te pertenecen…’ Que dices: tío… […] La hermana de mi tío allí, tiene caballos, macho, tiene caballos. ¿Sabes lo que vale un caballo, vacunar, dar de comer a un caballo? Y tiene una paga de minusvalía. Que dices: ¡macho! Luego se acogen a eso de la paga de los seis meses [PER]…”

Samuel contrapone el buen vivir meridional con su ritmo de trabajo. Él y su mujer trabajan por la noche para cobrar un plus de nocturnidad y poder pagar la hipoteca, mientras su hija duerme con sus suegros. Samuel destaca su rol como contribuyente:

“– Yo estuve hace poco leyendo un estudio que [mostraba que] en Barcelona, desde el 1 de enero hasta el 7 de julio, estamos trabajando para pagar impuestos. Con el resto ya págate la hipoteca, la gasolina… solo impuestos seis meses y sete días.

– ¿Y crees que en el resto de España no es así?

– ¡Qué va! Si yo pagara 300 euros de piso y mi taxi pagado, es que yo no me montaba en el taxi ni un finde, porque es que no me haría falta. ¿Por qué en Andalucía al mediodía se van al bar a tomar tapas, vuelven a trabajar por la tarde? Se lo pueden permitir. Yo no me lo puedo permitir, todos los días a un bar a tomarme algo. Sí, te lo puedes permitir, pero tienes muchas más necesidades y otras prioridades.

– Todavía en tu caso puedes tener algún afecto con Andalucía, pero la gente que no tiene esa relación…

– Pero el afecto está aquí, eh, está en mi casa. Lo que sea bueno para mí, lo demás me da igual”.

Héctor (43 años), estudió un ciclo de grado superior para ser capitán de barco y llegó a ejercer unos años, pero con la crisis perdió el trabajo y pasó a trabajar de camarero en un bar:

“– A mí, a veces me siento avergonzado de ser and… de tener sangre andaluz. Te lo digo de verdad. Yo a veces tengo la sensación de estar ayudando con mi esfuerzo a levantar Andalucía, cuando a lo mejor ellos, con poco dinero, con pocos recursos, se van a tomarse unas tapas. Eso no se lo quites.

– ¿Eso tú lo has visto cuando has ido allí?

– Eso yo lo he visto y lo he vivido […] es verdad que el 70% de los andaluces viven muy bien, viven muy bien. Pero tampoco es que vayan mucho más allá de lo que cobran, eh. Que no pienses que piden créditos para viajar. Para vivir ya les llega. Cosa que a nosotros no”.

Si bien es más frecuente encontrar este tipo de planteamientos en aquellos sujetos más inclinados hacia el independentismo, estas representaciones no están ni mucho menos restringidas a este campo político. Por ejemplo, Samuel simpatiza con el independentismo, pero Héctor no, y ambos comparten un parecido escepticismo sobre la redistribución. Ambos son de la opinión (no tan minoritaria) de que cada uno debe trabajar para sustentarse, y que lo que uno tiene se lo ha ganado con su capacidad y esfuerzo y que no es justo que le detraigan su riqueza con demandas redistributivas excesivas.

Si bien la figura del parado andaluz que vive muy bien a costa de los impuestos que se pagan en el Norte productivo es una representación de sujetos que se ven a sí mismos como contribuyentes, es decir, es una reflexión desde el lado de la “oferta” del sistema redistributivo, el inmigrante extranjero de quien se suele decir (en una percepción también bastante extendida) que tiene prioridad en la asignación de recursos públicos es el oponente característico por el lado de la demanda. Es decir, el parado andaluz sale en la conversación cuando uno se queja de lo mal que vive porque trabaja mucho, gana poco y paga muchos impuestos, mientras que la figura del inmigrante extranjero emerge cuando la gente se queja del deterioro de los servicios públicos, de las listas de espera en el médico y de las pocas becas escolares (Aramburu 2002; Aramburu y Carr 2013). La redistribución como juego de suma cero parece una versión urbana de las ideologías campesinas que George Foster (1965) llamó de “bien limitado”, que a su vez conectan con la centralidad de la idea de escasez en la economía neoclásica. En el contexto de las políticas de austeridad, la escasez de recursos en los servicios públicos aparece como algo incuestionable (“es lo que hay”) dando lugar a un cálculo de pérdidas y ganancias que hace que el sistema de redistribución sea visto como un sistema que beneficia a unos (receptores ilegítimos) a costa de otros (contribuyentes productivos).

Subsidiando la dependencia

Algunas personas que se autodefinen como izquierdistas plantean una versión del agravio distributivo en que se enfatizan los perjuicios que los subsidios existentes acarrean para los propios beneficiarios. Se critica lo que se ve como una (re)producción de sujetos económica y políticamente dependientes, disminuidos en su autonomía y capacidad de agencia. Cuando en un grupo de discusión pregunto si interpretan las transferencias interregionales como “solidaridad” o “expolio”, Rosa (50 años), avisa que, como “republicana” y trabajadora social, “la solidaridad se me supone”, pero señala la corrupción y al despilfarro en el gasto público: “Para que lo malempleen, lo malutilicen y se lo gasten en su… No, no. Que se quedé aquí [el dinero]… Si necesitan algo mandaremos, pero que lo pidan… con proyecto [risas]”. Tal vez influida por cierta ideología profesional (Howe 1990; Dubois 2013), Rosa tiene una concepción condicionada de la distribución:

“Yo pongo de ejemplo Cuenca porque es donde más voy. Allí en el pueblo… entre el paro agrícola este que cobraban, el no sé cuántos, el no sé qué, trabajan tres, cuatro, cinco [meses] a lo más tirar… esto amigos nuestros. Que trabajan allí de agricultores. Cinco meses al año. El resto son: el paro agrícola, el noséqué del nosecuántos, el nosécuántos del noséqué. Entonces dices: poneros las pilas, arremangaros, pero no estéis chupando de la teta, ricos, porque es a costa de nosotros. Entonces, vosotros, ¿qué queréis apoyo?, os apoyamos, ¿que queréis coger firmas?, nosotros que somos veraneantes fijo, fijo… desde que yo nací estamos veraneando en ese pueblo. Recogemos firmas, hacemos manifestaciones, lo que necesitéis. Pero claro, lo que no puede ser es que en Catalunya se trabaje de sol a sol y perdemos todo eso para que vosotros viváis… porque… ¿A quién le interesa? ¿Quién sale allí? PP. Porque el PP los tiene allá a cuerpo de Rey. ¿Quién les facilita esa vida? PP”.

Rosa combina la visión del agravio distributivo como un juego de suma cero (su bienestar es a costa de nuestro malestar) con una preocupación por el clientelismo político que impide la emancipación de los beneficiarios. Una asociación similar establece Manu (38 años), operario industrial cualificado, de padres andaluces, independentista de nueva hornada que se identifica como un “rojo” por trayectoria familiar. En Andalucía y Extremadura dominan los terratenientes, y para mantener su dominio “les dan de comer a la gente”. Y la gente se acostumbra a vivir de “la dádiva” (acompaña con un gesto de las manos sobre la barriga). Su idea es que en este caso la redistribución ayuda a mantener a las clases dominantes, pues desestimula la resistencia política. Por ello, “es normal que voten al PP si los catalanes se quieren independizar”.

Señalar al PP como principal beneficiado del sistema de redistribución territorial y de las fórmulas para facilitar a los jornaleros el acceso al subsidio de desempleo agrario no se corresponde con el hecho de que, como señala Corzo (2002), son los partidos de izquierda quienes salen elegidos en los municipios con más perceptores del subsidio de desempleo agrario (así como la derecha suele ganar en las regiones “contribuyentes”). Creo que debemos ver estas referencias al beneficio que obtiene el PP como un recurso retórico que busca subrayar lo contraproducente del sistema de redistribución interterritorial por la desmovilización política que genera, crítica que además está en línea con argumentos de la izquierda tradicional marxista. Al fin y al cabo, la ética del trabajo y el productivismo también forman parte del “ethos” socialista (Ferguson 2015; Gledhill y Hita 2009).

Como nota Ferguson (2015), muchas veces las críticas izquierdistas a la redistribución, por alentar el conformismo e inhibir la transformación social “estructural”, se solapan con las críticas derechistas por desincentivar la ambición y la iniciativa empresarial de los desposeídos. Manu parece genuinamente preocupado por el desarrollo del Sur de España, un país con “solo dos motores” (Cataluña y el País Vasco, las regiones más industriales), falto de inversiones en sectores económicos que impulsen el crecimiento económico. Dice que el dinero de las transferencias interterritoriales tendría que ir a “enseñarles a ­pescar”, no a darles de comer. Para Manu, estas comunidades “viven subsidiadas”, la gente vive bien, tiene “calidad de vida” y se ha “acomodado” a las ayudas que recibe del Norte productivo. “Es normal, si te lo dan, no te esfuerzas”. La independencia de Catalunya sería buena para España porque así “espabilarían”, tanto en el sentido económico como en el político.

En sentido similar se manifiesta Tina (60 años), obrera industrial cualificada, nacida en un pueblo de Granada:

“Si yo fuera del gobierno del país catalán yo diría: ‘vale, dar una aportación, pero esta aportación [que no sea] porque Andalucía, pobre, se está muriendo de hambre, no. Yo voy a decir: ‘Tú campesino, ¿qué cultivas? ¿Qué tienes? ¿Trigo, olivos? Vale. Yo te voy a dar un dinero, pero para que tú crees industria ¿Cómo? Si tú tienes tomates pon una industria tomatera al lado, crea puestos de trabajo y enriquece a Andalucía y exporta. ¿Tú que cultivas?’ Yo que sé. Yo como soy de Granada y en la vega que hay regadío, hay muchas cosas, pues invertir allí. Invertir en lo que tiene esa región de riqueza. Y potenciar eso. No dar al paro, como tengo familia que sin trabajar están cobrando una pensión. No sin trabajar, que no han hecho todas las peonadas que decían, famosas. Las peonadas que cobraban. Que a lo mejor hacían una y cobraban todo el año. Trabajaban tres meses y… Pues no, porque yo aquí si no trabajo todo el año… […] Entonces es muy triste, porque a Andalucía la empobrecen así. Es como los países que son pobres: ‘vamos a recoger alimentos para mandárselo’. Si señor, estoy de acuerdo, pero no solamente hay que mandarles alimentos. Hay que mandar alimentos, y herramientas, y personas que les enseñen. Para que ellos mismos se cultiven su comida”.

Muchos de nuestros interlocutores se hacen eco de una ideología económica preponderante y relativamente transversal. Por ejemplo, los economistas Jordi Angusto y Josep Miró, el primero de tendencia socialdemócrata, el segundo democristiano, coinciden en la fábula de los peces y la caña de pescar.^[11] Ambos ven “injusta” la transferencia interregional de rentas, sobretodo critican su “ineficiencia” para producir una convergencia “real” de rentas. Esto es así porque la transferencia distributiva se ha dirigido a gasto social que si bien aumenta considerablemente (y “artificialmente”) la convergencia en condiciones de vida, desestimula la competitividad y el crecimiento al no ir dirigido a inversiones productivas, de manera que la desigualdad pre-distributiva (de rentas producidas en el mercado) y la dependencia de ayudas se cronifican.

En cualquier caso, estos planteamientos parecen reflejar la centralidad del trabajo como una especie de credencial moral del sujeto moderno independiente, ideal normativo de la ciudadanía democrática y de la sociedad industrial (Ferguson 2015: 99; van Oorschot 2006: 38). En la sociedad pos-industrial, como señalan Fraser y Gordon (1994), el estigma del “dependiente” todavía se refuerza más, puesto que incluso las mujeres (que en la sociedad industrial eran vistas básicamente como sujetos dependientes) se ven en vías de emancipación: “everyone is expected to work and to be self-supporting” (Fraser y Gordon 1994: 324).

Pero esto no quiere decir que las estrechas relaciones entre género y las ideas de (in)dependencia estén superadas. Como señala Ferguson: “In the disapproval of ‘giving a man a fish’, it is the ‘man’, as much as the giving that is a problem” (2015: 41). Cuando la dirigente del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, se burlaba años atrás del clientelismo político en Andalucía diciendo “pitas, pitas, pitas”, también denunciaba de pasada una masculinidad anómala: hombres que se comportaban como gallinas. El arquetípico desempleado subsidiado que se pasa el día en el bar es, sin duda, un hombre, y esta asociación sutil refuerza todavía más el estigma de la dependencia. Me parece significativo que mis interlocutores, hijos de la sociedad industrial, cuando hablan de la experiencia migratoria de sus progenitores, se refieran preponderantemente a la experiencia del padre, el breadwinner que retiene lo esencial de la agencia migratoria y de la asertividad política.

Hay que tener en cuenta, además, que para los padres de nuestros interlocutores, inmigrantes del resto de España, el merecimiento de la catalanidad (un estatus más simbólico que jurídico) venía dado por su condición de “trabajadores”. Según rezaba el eslogan que definía la noción cívica de la catalanidad, que a partir de 1980 devendría hegemónica, “es catalán todo el que vive y trabaja en Cataluña, y quiere serlo”. Con el tiempo, la condición de “trabajador” se cayó de lo que se fue convirtiendo en un mero ius domicilis, pero las huellas de esta concepción productivista del reconocimiento de la membresía nacional catalana para los inmigrantes todavía están presentes en las memorias familiares. Los hijos suelen citar a sus padres (la mayoría de madres de esta generación no trabajaban como asalariadas) diciendo que con su trabajo habían “levantado” Catalunya, una reflexión de ecos marxianos (“el trabajo hace al capital”) pasada de moda, pero que se utiliza para reclamar un valor y una dignidad (por lo visto, no del todo aseguradas) ganados con el mérito de su trabajo.^[12]

Memorias migratorias

La percepción del agravio distributivo es compartida con otros sectores sociales, pero mis interlocutores presentan una serie de particularidades. La primera es que aportan como evidencia empírica su experiencia vivida, comparando cómo es la vida en Barcelona y en los pueblos de donde emigraron sus padres. No todos mantienen contacto con las comunidades originarias, pero la mayoría ha visitado al menos alguna vez los lugares de donde salieron sus padres décadas atrás y donde todavía conservan parientes. Estas visitas, que normalmente se hacen en periodo vacacional y que pueden haber ocurrido mucho tiempo atrás, sirven para fundamentar intersubjetivamente el agravio distributivo. Es difícil dudar de la veracidad de una experiencia vivida, convirtiéndose así en lo que Sunstein (2009) llama los tipping points, o puntos de inflexión de los rumores, a partir de los cuales aumenta la veracidad de un rumor y por tanto su expansión. Un tipping point clásico se produce cuando alguien sostiene algo que contradice una expectativa social. Cuando una persona dice que su primo en Jaén vive bien sin apenas trabajar es difícil dudar de ello, porque ¿qué interés tendría en difamar a su primo? Precisamente, uno esperaría más bien lo contrario, que defendiera a sus parientes y paisanos de las acusaciones de parasitismo, y es precisamente por esta expectativa que su relato gana credibilidad: si hasta sus parientes lo dicen… Ocurre que la validación de estos rumores por medio de la experiencia de vida está a la orden del día. Y quienes no tienen dicha experiencia alegan como prueba el haberlo oído de fuentes que lo saben de primera mano y que encuentran oídos con, como señala Isabel (60 años, desempleada, de padre catalán y madre aragonesa), “necesidad de creer”:

“Aquí si no cotizas, no tienes paro. Vete a parte de España y hacen 10 peonadas y tienen carné de paro. En Andalucía y Extremadura. Y no hablo por lo que cuentan. Hablo por gente que conozco, por familiares de conocidos míos, y te lo dicen descaradamente. Por ejemplo, mi cuñado, que viene de Extremadura, o amigos míos que son castellanos, y te lo dicen, que [allá] viven de puta madre. Entonces, llega un momento que dices. ‘pues oye, pues vamos a creer en otra cosa’ [la independencia de Catalunya]. Si esto ya no da ya pa más, pues vamos a ver si podemos hacer algo. Y yo quiero creer, tengo la necesidad de creer [risas]”.

El discurso sobre el agravio distributivo de nuestros informantes gana una especial significación si lo enmarcamos dentro de lo que llamo “memorias migratorias”. Con ello me refiero a la conciencia de proceder de una familia inmigrante que se ha ido tejiendo con relatos familiares sobre la experiencia migratoria (entendida ésta en sentido amplio: desde la migración propiamente dicha hasta la adaptación en la sociedad de llegada y la relación posterior con el origen). Se trata de una memoria más “privada” que “pública” (Keightley 2009), pues ha sido creada con relatos familiares fragmentados, pero escasamente socializados y publicitados, puesto que el ecosistema político en Catalunya ha desestimulado el cultivo de la memoria migratoria. Pero, en cualquier caso, constituye un “marco social de la memoria” (Halbwachs 2004 [1968]), en la medida que configura un marco donde las experiencias individuales son ordenadas y significadas.

La memoria migratoria es en gran parte un relato sobre el éxodo rural y la urbanización que ha marcado en buena medida la autoimagen de su trayectoria personal y familiar. Contrastar la buena vida en los pueblos de origen (de donde los padres salieron para “escapar del hambre”) y la vida dura urbana de Barcelona (que en el pasado fue tierra de promisión y progreso) resalta una disonancia respecto a su auto-imagen como hijos de migrantes exitosos que escaparon de una vida de privaciones. El proyecto migratorio de los padres se presenta mediante una nítida narrativa de progreso y superación del subdesarrollo. Son frecuentes las referencias retóricas al “atraso” de las zonas de origen de los padres. Por ejemplo, en una reunión de vecinos de la Taxonera con la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, Yolanda, una joven madre del barrio, se queja de que en su calle “todavía tenemos palos de madera, que me parece… bueno, que ni en el pueblo de mi madre de Granada [risas de complicidad del público], que es super-prehistórico, los palos de madera…”

Para exponer el hecho de que Andalucía es una zona subdesarrollada, Manu se remite a la experiencia de su padre (del cual dice que es “un poco tosco”), que tuvo que marcharse porque “no había nada”, porque “pasaban hambre”. Admite mi objeción de que no es la misma situación ahora que hace 50 años, pero la narrativa migratoria refuerza su idea del subdesarrollo congénito del Sur español, donde sin embargo “se vive muy bien”. La anomalía requiere una explicación y la redistribución desproporcionada la ofrece. Héctor señala que su padre, “si se fue de Jaén es porque no tenía oportunidades”. Pero ahora constata que el “70% de los andaluces viven muy bien”, refiriéndose a quienes con ingresos modestos tienen una calidad de vida aceptable: “para vivir ya les llega; cosa que a nosotros no”. La conclusión de Héctor es elocuente: “tengo la sensación de estar ayudando con mi esfuerzo a levantar Andalucía”.

Tatiana (33 años), psicóloga, de padres andaluces, es quien articula de manera más nítida la anomalía que representa la buena vida en el origen con relación a una determinada narrativa migratoria basada en el progreso material.

“Yo conozco gente en Extremadura que tiene su casa, tiene un chalé, tiene el cortijo, tiene tres coches… y yo pensando: y mis padres tienen una casa que todavía la están pagando [risas], ¿sabes? Tienen dos coches: un ­utilitario y uno otro más así… pero ya está, y les quedan como 12 años de hipoteca por pagar, y tienen 60 años. Y han estado trabajando toda la vida. Mi padre lleva trabajando desde los nueve años. Y tú dices: ‘¿Dónde nos hemos equivocado? Aquí hay algo que no hemos hecho bien’. Porque si una gente, trabajando en el campo, obtenéis al final todo esto, y vivís bien, quiero decir, porque no veo que viváis mal… Otra cosa es que la vida del campo es muy dura, que ese es otro tema, yo lo reconozco, pero oye, que aquí también hay gente que se levanta a las siete de la mañana para ir a trabajar y que no vuelve a su casa hasta las ocho de la tarde. Y son gente que trabajan un porrón de horas y que tampoco cobran unos sueldos que digas… [que les de] para vivir muy bien, ni para tener tres casas, ni para tener un cortijo, ni para tener tres coches… Y a mí eso me da mucho coraje. A mí eso sí que es una de las cosas que me da más coraje.”

En realidad, muchas veces lo que se está comparando no es solo (ni tal vez principalmente) un contraste regional entre Andalucía y Catalunya, sino entre ideas de la vida urbana y la vida rural. Esta es una diferencia importante con respecto al welfare chauvinism que normalmente se identifica con la identidad nacional. Dalle Mulle señala que el “nacionalismo de los ricos” se basa en un welfare producerism fuertemente culturalizado según “una clara asociación entre la comunidad imaginada de sujetos productivos y la nación, que parece así como la legitima merecedora” (2018: 150) de los beneficios de la redistribución. En nuestro caso, el agravio fiscal se inclina hacia un productivismo más ligado a una autocomprensión relacionada con la historia de la migración familiar y el proceso de urbanización que al de Catalunya como comunidad relevante de solidaridad (comunidad moral).

Es destacable que la locación del yo no suele ser Catalunya, sino Barcelona. La centralidad de Barcelona se pone especialmente en juego cuando se habla de los padres, que emigraron “a Barcelona” (aunque su destino fuera cualquier municipio metropolitano), reproduciendo una narrativa transmitida en el seno de la familia, según me han confirmado. Pero, como ocurre en otros contextos (Schiffauer 2004), la gran ciudad, en este caso Barcelona, aparece también como principal locus de identificación de la segunda generación. También en el discurso distributivo, es Barcelona la que, con su esfuerzo, su creatividad, su capacidad de innovar, está en disposición de sufragar las necesidades de aquellos territorios que no pueden sostener su nivel de vida con su valor de mercado. Quien más descarnadamente desarrolla esta visión es Samuel, para quien el sistema de redistribución territorial es un mecanismo mediante el cual la ciudad subsidia al campo. Para Samuel, la gran ventaja de la independencia de Catalunya es que con ella el tamaño (y el número de beneficiarios netos) del campo se reduce:

“– [En caso de independencia] Yo creo que se miraría más por lo que hay aquí… Si tienes que cuidar de cinco ovejas vas a cuidar mejor que si tienes que cuidar de seis mil. Yo creo que, si tú estás aquí como país, tienes tu Barcelona, tu Gerona, tu Tarragona, tu Lérida. Y tú dices: Barcelona. Vale. Esta es la que tiene mogollón. Venga: ‘Tarragona, a ti te doy cuatro, tú generas mucho pero no eres tan rica’. Tres, dos, sería el orden, ¿no?, por decir algo. Pero no vamos a hacer: ‘Lérida, siete, porque los niños van en caballo al colegio y tienen que ir en coche’. Ya, pero con ese margen que les das van en Mercedes, coño. Que no porque yo genere tiene que ir a que yo sea rico, todo lo contrario. Pero es que yo me tengo que levantar todos los días a las cuatro de la mañana para generar algo de dinero en mi casa para vivir.

– Entonces tú crees que donde se genera riqueza es en Barcelona…

– Sí. Yo haría un Barcelona-Madrid, tranquilamente. Y el resto comen nuestras migas. Que nuestras migas para ellos es riqueza…”

“Que un niño de un pueblo de Badajoz tenga tablet en el colegio y mi hija vaya con libretas… ¿Esto qué es?”, se pregunta Samuel, cuyo relato está trufado de referencias a la vida rural y su “mentalidad de pueblo”. Samuel puede ser un caso extremo de lo que parece ser una pervivencia bastante generalizada del imaginario propio del desarrollismo que ve el campo como un mundo atrasado y sin valor (Sevilla-Guzmán 1979). Parece una inversión de la perspectiva que se sostiene en ambientes rurales de que es el campo el que subsidia la ciudad mediante un proceso de acumulación por desposesión (Franquesa 2018). Creo que estamos lejos del “orgullo de los orígenes” del que habla Sergio del Molino (2017) con relación a los hijos del éxodo rural en Madrid.

Sin embargo, que no se exteriorice un orgullo por los orígenes no impide que la memoria migratoria paradójicamente también atenúe en cierta manera el discurso del agravio distributivo. Un punto importante es que mis interlocutores suelen manifestar una tensión interior entre, por un lado, una especie de fidelidad o apego sentimental a sus “raíces” y, por otro, sus “intereses” en el lugar donde viven. “Son mi familia. Pero el que vive aquí soy yo”, es una idea recurrente que se expresa de varias maneras y que trasluce una especie de dialéctica entre el interés material y cierto apego sentimental.

Un elemento de la ideología del merecimiento que se ve atenuado por la memoria migratoria es la tendencia a desculpabilizar moralmente a los beneficiarios de las transferencias redistributivas. Se trata de una especie de disclaiming que se utiliza para matizar un discurso del agravio distributivo. Por ejemplo, Tatiana se ve a sí misma escindida en dos “partes”:

“Si yo estuviera en Andalucía, me gustaría que aquellas comunidades más ricas y que aportaran más también repartieran dinero al resto de comunidades que no llegan. La gente que vive en esas comunidades tampoco tiene la culpa. Qué culpa tiene la gente de Extremadura que no sea una tierra donde buenas empresas o compañías grandes se hayan querido instalar allí y hayan dicho: ‘venga, vamos a prosperar’, ¿no? No. Entonces, si yo viviera en esas comunidades también me gustaría que comunidades más ricas, como Cataluña o el País Vasco, repartieran un poco de esas ganancias, ¿no? Para hacerlo más equitativo, para no hacer entonces esa diferenciación tan grande […] ¿Qué pasa? Que, ya en la parte más catalana, sí que me siento que… Yo recuerdo que en Andalucía las condiciones para cobrar el paro son muy diferentes a las de aquí. Tú aquí tienes que estar un año trabajando para cobrar cuatro miserables meses de paro. Pero es que Andalucía no. Tienes que trabajar X meses para cobrar un año entero […] Ostras, es como… hay gente que vive así, que es su modalidad de vida, y viven bien […] Y yo me quedo como diciendo ‘Joer, y nosotros como unos cabrones ahí arriba rompiéndonos los cuernos, trabajando [risas] como deslomaos, y con la cantidad de impuestos y cosas que pagamos y luego para esto, ¿no? […] No [pido] para que no nos quiten y dároslo a vosotros. No, no es eso. Pero que nos quiten un poquito menos. Un poquito menos para que la gente pueda vivir algo mejor”.

Los interlocutores dialogan críticamente con el estereotipo del andaluz (o en general sureño) vago y dependiente que sobrevuela muchas veces en el discurso público sobre el agravio distributivo.^[13] En esta línea cabe mencionar los usos de una acepción peyorativa y no normativa de la palabra “perro/a” que se puede escuchar en las periferias urbanas. El perro/a es el vago/a vocacional que se aprovecha parasitariamente de las ayudas públicas sin esforzarse por conseguir su independencia económica. Hay un componente muy claro de condena moral en el uso de este vocablo. Es habitual contraponer el “yo contribuyente”, que paga muchos impuestos, y los que viven de sus “pagas” (subsidios). Sin embargo, durante el trabajo de campo varia gente se ha referido críticamente al estereotipo que identifica a los andaluces como “perros”. Samuel, en un momento de su relato, crítica los estereotipos: “No porque seas catalán ya lo tienes todo, ni una persona andaluza es un perro, ni una persona portuguesa es un guarro”. “Perros los hay en todos los sitios”, sentencia Montse (42 años), dueña de bar y “unionista” radical de derechas, revolviéndose contra el cliché del sureño gorrón, añadiendo que en Catalunya “no hay ningún parado sin paga”, algo que dice conocer bien desde detrás de la barra del bar.

Cada sociedad parece tener su figura prototípica del dependiente vocacional, parasitario y undeserving. Igual que la figura de la madre soltera afroamericana en los Estados Unidos (Fraser y Gordon 1994) o las welfare queens británicas (Jones 2015), parece que la figura (también “generizada”) del trabajador rural andaluz cobrando el paro y tomándose unas tapas en el bar es en España (no solo en Catalunya) “the quintaessential welfare dependent” (Fraser y Gordon 1994: 323). Sin embargo, mis interlocutores, al tiempo que reproducen este estereotipo, intentan marcar distancias eludiendo una culpabilización moral.

Algunos informantes redefinen la vagancia dependiente no como un atributo étnico, sino como producto de la dádiva incondicional, resultado natural del hecho de tener garantizado el sustento sin necesidad de vender la fuerza de trabajo. Manu aclara: “No digo que [los meridionales] sean perros, pero es normal, si te lo dan no te esfuerzas; todos somos perros en el fondo”. O Salva (31 años), dueño de bar e independentista de ideología liberal: “Si yo trabajando tres meses me pagaran seis de subsidio, yo también quisiera estar así”. En cierta manera esto supone una desculpabilización individual y una explicación sistémica: puesto que forma parte de la naturaleza humana, el individuo no puede hacer nada al respecto si el sistema político genera estas condiciones. Esto lo formula más claramente Tatiana, quien a pesar de molestarle que la gente en Andalucía no sea “consciente” de la diferencia de bienestar que hay con respecto a Catalunya y a qué se debe esa diferencia (una queja extendida), se esfuerza en exculpar a las personas beneficiadas de la injusticia redistributiva:

“No tiene culpa la gente, eh. Tiene culpa el gobierno que tiene que saber al final el dinero cómo se reparte, y adónde va a parar y qué es lo que se hace con él. No tiene culpa la gente que al final se aprovecha de eso. Esa gente no ha levantado la mano y ha dicho: ‘Sí, a mi dame seis mil que a mí me va bien’. No es así. Deberían intentar ser algo más equitativos. Lo que no puede ser es estar exprimiendo a una gente constantemente para que otros se beneficien, sin que esta gente tampoco tome consciencia de ello […]. Y vuelvo a decir: no es culpa de la gente que está ahí viviendo, es culpa de quien lo maneja, que al final no sabe manejarlo bien y no sabe distribuirlo bien”.

Conclusiones

En un contexto de empobrecimiento de las clases trabajadoras urbanas, el discurso del agravio distributivo ofrece una explicación simple y coherente que ha capturado la imaginación política de amplios sectores sociales. Si todo discurso sobre el inmerecimiento de los otros es al mismo tiempo una forma de ­impression management (Howe 1990), el contraste entre la vida dura en ­Barcelona y la buena vida en sus regiones de origen sirve en primer lugar como forma de subrayar, ante un interlocutor, lo anómalo de su propia situación. Ninguna otra comparación con cualquier otro colectivo (con la excepción de los inmigrantes extranjeros como usuarios de los servicios públicos) sirve para crear una imagen tan impresionista de su propio malestar. Los beneficiarios más citados de la redistribución territorial se convierten así en chivos expiatorios de un proceso de empobrecimiento relativo más complejo, carente en cualquier caso de otras narrativas explicativas que puedan siquiera rivalizar con el discurso del agravio fiscal.

El relato del agravio distributivo suele estar relacionado con lo que se ha llamado welfare chauvinism, una solidaridad circunscrita a una “comunidade moral” restringida, normalmente la nación. Nuestro caso, constituido por hijos de inmigrantes que se quejan de las transferencias de rentas entre el lugar donde viven y las regiones de donde partieron sus padres, resulta a priori inadecuado para hacer una lectura primordialista de la comunidad moral. Con todo, nuestros informantes definitivamente se identifican más con el “interés” de la comunidad en la que viven que con el de las comunidades de donde proceden sus familias, intereses que además ven en conflicto. En este caso, la formación de una comunidad moral circunscrita se disocia de una identidad nacional (catalana) unívoca, en la medida en que la mayoría de los informantes manejan una identidad binacional, algo corroborado por las encuestas de opinión. Aquí la comunidad moral no es solo una cuestión de identidad nacional. Su empobrecimiento relativo, en contraste con la aparente buena vida en los pueblos meridionales, desestabiliza una cierta idea de sí mismos como hijos del éxodo rural. En este sentido, el agravio distributivo proporciona una explicación a una situación vista como anómala desde el punto de vista de su memoria migratoria. Pero, al mismo tiempo, nuestros interlocutores expresan “dolor”, sentimientos contrapuestos y emociones escindidas entre sus “raíces” y el “aquí” de su pertenencia presente. Parece entonces que la memoria migratoria refuerza y a la vez atenúa la sensación de agravio distributivo, y de ello surge una concepción convulsa y tensionada de la comunidad moral.

La idea de “merecimiento” también se articula de una manera compleja, pues si, por un lado, el carácter “inmerecido” de la dura vida en Barcelona se ilustra y resalta por contraste con la buena vida en los pueblos de origen (sugiriendo a primera vista su carácter inmerecido), los informantes suelen matizar su discurso añadiendo comentarios que se esfuerzan por no culpabilizar moralmente a sus parientes y “paisanos”. Igualmente, en su etnografía sobre el desempleo en Irlanda, Howe (1990) mostraba cómo los discursos abstractos sobre el undeserving unemployed se diluían cuando aterrizaban en personas de carne y hueso. Pero en nuestro caso hay algo más que eso. Los informantes intentan marcar distancias con el estereotipo étnico del andaluz dependiente que no se esfuerza por valerse por sí mismo. Si, como señalan Feldman y Skow (2016), la idea de merecimiento se debate entre evaluar lo que el otro merece en función de lo que es, o en función de lo que hace, en nuestro caso, quien desmerece la solidaridad no es la cultura andaluza por tener determinados atributos (por su ser), sino un sujeto que, por su hacer, resulta anómalo respecto al sujeto neoliberal normativo, es decir, independiente y responsable de su propia suerte (Fraser y Gordon 1994; van Oorschot 2006; Ong 2006; Watson 2009; Hilgers 2012; Mikus 2016).

Si el “merecimiento” supone un discurso moral sobre los problemas frente a interpretaciones más sistémicas y “sociales”, aquí no estamos ante un discurso de merecimiento así entendido, es decir, ante un discurso de culpabilización moral de un sujeto individual o colectivo, sino ante una denuncia de un sistema redistributivo que supuestamente crea una cultura de la dependencia crónica, de un sistema que estimula los resortes acomodaticios de la naturaleza humana. En cualquier caso, y según mi interpretación, el buen vivir meridional es ante todo una manera (que encuentra receptividad en el ecosistema político local) de denunciar el mal vivir urbano para estos hijos empobrecidos del éxodo rural.

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Receção da versão original / Original version2019 / 01 / 21 Aceitação / Accepted      2019 / 10 / 17

Notas

[1] La investigación en que se basa este artículo forma parte del proyecto “Concepciones Populares de la Justicia Social ante la Crisis y las Políticas de Austeridad” (CSO2015-67368-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad español y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), 2016-2018. Agradezco a Silvia Bofill, Irene Sabaté, Raúl Márquez, Paco Arqueros, Jaume Franquesa, Xavi Garreta, Agustín D’Onia, Patricia Matos y Mercè Zegri, así como a los revisores anónimos de Etnográfica por los comentarios realizados a una versión preliminar del manuscrito.

[2] El trabajo de campo, que se viene desarrollando desde 2016 sigue, por un lado, una estrategia localizada a través de una etnografía en la Taxonera, un barrio obrero del Norte de Barcelona y, por otro lado, grupos focales con profesionales de origen obrero criados en diferentes barrios de la Barcelona Metropolitana.

[3]  Traducción del autor del original en catalán (“Discurs d’Oriol Junqueras en l’acte d’inici de campanya electoral”, disponible en https://anterior.esquerra.cat/documents/090521_discurs_junqueras.pdf, última consulta en febrero de 2020).

[4] La diferencia metodológica entre los métodos de “flujo monetario” y “carga-beneficio” estriba en que, a diferencia del primero, que solo tiene en cuenta el gasto del Estado en la región en cuestión, el segundo tiene en cuenta, como inversión del Estado en las comunidades autónomas, la parte proporcional (según la población) de los costes del Estado que resultan difíciles de “territorializar”, tales como las estructuras burocráticas del Estado en la capital, el servicio de la deuda del Estado, el ejército o la acción exterior (embajadas, contribución a organismos internacionales, etc.).

[5] El frame democratista enfatiza el derecho a ejercer la soberanía por parte de un sujeto colectivo incuestionado (Catalunya), frente a un Estado español visto como una democracia fallida. Pero el frame democratista también deriva con frecuencia hacia la afirmación de la soberanía individual en la medida en que, como en la famosa campaña de ERC, se invita a los ciudadanos a imaginar cómo sería su país ideal, su “nuevo país”. La negación de este derecho se ve crecientemente como una violación de un principio inalienable de dignidad no solo colectiva, sino también individual, en la medida en que se impide “decidir cómo será nuestro futuro”, es decir, cómo será el futuro con que el que cada uno sueña.

[6]  Ver https://www.youtube.com/watch?v=wnbVOiwwNXM (última consulta en febrero de 2020).

[7] La CUP, la tercera y más pequeña “pata” política del independentismo, situada formalmente en la extrema izquierda, es la única fuerza política que no ha recurrido al argumento del agravio fiscal para defender la opción independentista, proyecto que en cualquier caso suele presentar más como una premisa de su acción política que como una opción a ser argumentada.

[8] Estos parámetros han sido parcialmente alterados con el reciente (enero 2020) acuerdo presupuesto entre el Gobierno de la Generalitat y el partido izquierdista Els Comuns, que aumenta la progresividad del 50% del impuesto sobre la renta regulado por la Generalitat.

[9] En Barcelona, las rentas bajas pasan de ser el 21% de los hogares en 2007 al 39% en 2015. En el barrio obrero de la Taxonera, la renta familiar disponible pasa de representar el 75% de la media de ­Barcelona en 2007 al 67% en 2011, subiendo hasta el 72% en 2017 (ver http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/ca/renda-familiar/renda-familiar/distribucio-territorial-de-la-renda-familiar-disponible-capita, última consulta en febrero de 2020). Véase Goerlich (2016) sobre el impacto diferencial de la crisis y las políticas de austeridad en los hogares según los tramos de renta en el conjunto de España.

[10] El número de beneficiarios del subsidio agrario en estas regiones (que cobran poco más de 400 euros durante un máximo de seis meses) ha ido declinando hasta constituir hoy en día menos de la mitad de los beneficiarios en los años 80. En 2013, el gasto de desempleo agrario de toda España representaba el 2% de todo el gasto por desempleo y equivalía al 12% de los fondos europeos que recibía España para subsidiar a los propietarios agrícolas. Agradezco a Diana Sarkis el acceso a estos datos en un texto no publicado.

[11] De Jordi Angusto, véase la serie de reportajes en el diario Ara (16-19 de junio de 2018), de Josep Miró (disponible en http://Blogs.Lavanguardia.com/Tras-la-virtud/, última consulta en febrero de 2020).

[12] Como muestra Dolors Comas (1995; cap. 4), durante el franquismo lo habitual entre las jóvenes de clase trabajadora urbana era que abandonaran el trabajo asalariado cuando formaban una familia independiente; no hacerlo así comportaba el estigma de la necesidad y la pobreza. El abandono del modelo de “ama de casa” y la asunción del rol de “madres trabajadoras” en este sector social se extendería sobre todo a partir de la generación nacida en los años 60.

[13] A modo de ejemplo, Luis Racionero, en un artículo reciente sobre las subvenciones y el clientelismo político en Andalucía (La Vanguardia, 14 de diciembre de 2018), citaba como argumento de autoridad a Ortega (en su ensayo Teoría de Andalucía, de 1927) para suscribir el “ideal vegetativo” del andaluz: “en vez de esforzarse para vivir, vive para no esforzarse, hace de la evitación del esfuerzo principio de su existencia”.