ARTIGO ORIGINAL

Gestión asociativa y sustentabilidad organizacional: el caso de las cooperativas de cartoneros de la Ciudad de Buenos Aires

Gestão associativa e sustentabilidade organizacional: o caso das cooperativas de gandaieiros (cartoneros) na cidade de Buenos Aires

Associative management and organizational sustainability: the case of the wastepickers´ cooperatives of Buenos Aires city

Gestion associative et durabilité organisationnelle: le cas des coopératives de collecteurs de déchets à Buenos Aires

 

Johanna Maldovan Bonelli*

* Investigadora asistente del Centro de Innovación de los Trabajadores (Citra-Conicet/UMET), profesora de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y docente en la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. E-mail: johannamaldovan@gmail.com

 

RESUMEN

Este artículo analiza la problemática de la sustentabilidad organizacional en experiencias de trabajo asociado, a partir de un estudio de caso realizado en cooperativas de cartoneros que operan en la Ciudad de Buenos Aires, en el período 2007-2014. Se propone la noción de “doble sustentabilidad” como herramienta conceptual que permite abordar la tensión permanente en la que se encuentra la reproducción ampliada de estas experiencias. Para ello se abordan las regulaciones estatales y de mercado que pesan sobre la actividad del reciclaje y las organizaciones cartoneras; así como las prácticas, vínculos y recursos movilizados que, en la construcción cotidiana de la asociatividad, habilitan y limitan el sostenimiento de estas cooperativas.

Palabras-clave: asociativismo, sustentabilidad, reciclaje, cartoneros.

 

ABSTRACT

This article analyzes the problematic of the organizational sustainability in experiences of associated work, from a case study carried on in Buenos Aires´ cooperatives of cartoneros, between 2007-2014. The notion of “double sustainability” is proposed as a conceptual tool that allows us to address the permanent tension in which the extended reproduction of these experiences is found. For this, we analyze the state and market regulations of the recycling activity and the cartoneros organizations; as well as the practices, links and mobilized resources that, in the daily construction of the associativity, enable and limit the sustainability of these cooperatives.

Keywords: associativism, sustainability, recycling, waste-pickers.

 

RESUMO

Este artigo analisa a problemática da sustentabilidade organizacional em experiências de trabalho associado, a partir de um estudo de caso realizado em cooperativas de gandaieiros (cartoneros) que atuam na cidade de Buenos Aires, no período 2007-2014. A noção de “dupla sustentabilidade” é proposta como uma ferramenta conceptual que nos permite abordar a tensão permanente em que se encontra a reprodução ampliada dessas experiências. Para isso, são abordados os regulamentos estatais e de mercado que pesam sobre a atividade de reciclagem e as organizações cartoneras; assim como as práticas, ligações e recursos que, na construção cotidiana da associatividade, possibilitam e limitam a sustentabilidade dessas cooperativas.

Palavras-chave: associativismo, sustentabilidade, reciclagem, cartoneros.

 

RÉSUMÉ

Cet article analyse la problématique de la durabilité organisationnelle dans les expériences de travail associé, à partir d’une étude de cas réalisée dans les coopératives de collecteurs de déchets qui opèrent à Buenos Aires, dans la période 2007-2014. La notion de “double durabilité” est proposée comme un outil conceptuel qui nous permet d’aborder la tension permanente dans laquelle se trouve la reproduction étendue de ces expériences. Pour cela, nous analysons les réglementations de l’Etat et du marché qui pèsent sur l’activité de recyclage et les organisations cartoneras; ainsi que les pratiques, les liens et les ressources mobilisées qui, dans la construction quotidienne de l’associativité, permettent et limitent la durabilité de ces coopératives.

Mots-clés: associativisme, durabilité, recyclage, collecteurs de déchets.

 

Introducción

A lo largo de la última década el incremento sostenido de organizaciones de trabajo asociado en Argentina – y otros países de la región – ha dado paso a amplios debates centrados en las posibilidades de sustentabilidad a largo plazo de estas experiencias. Gran parte de los autores que participan de estos debates ha señalado los obstáculos que éstas deben enfrentar, dada la escasez de recursos técnicos, materiales y financieros con los que cuentan, así como la falta de trayectorias vinculadas al asociativismo que las caracterizan, lo que complejizaría sus posibilidades de desarrollo autónomo y duradero. Este artículo busca posicionarse entre estos debates a partir del análisis de una experiencia particular: las cooperativas de cartoneros[1] que ejercen su actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en el período 2007-2014. Para ello buscaré dar cuenta de cómo los actores asociados construyen cotidianamente sus organizaciones, las regulaciones que pesan sobre la actividad que las enmarca y cuáles son los vínculos que se generan en estos procesos y de ahí, cómo ello puede producir procesos de transformación o reproducción de determinadas prácticas que habilitan o limitan el sostenimiento de estas experiencias.

En Argentina, las experiencias asociativas han tenido un crecimiento tanto cuantitativo como cualitativo desde finales de los años ´90, momento en el cual los efectos de las políticas neoliberales comenzaron a hacerse más visibles. Los primeros años del siglo XXI encontrarán al país en uno de los peores momentos de su historia, con cifras alarmantes en materia de desempleo y pobreza (que superaban el 20% y el 50% respectivamente) y ante una fuerte crisis de representatividad política (Svampa et al., 2003). Las necesidades y carencias padecidas por un amplio sector de la población dieron paso a la emergencia de variadas experiencias de asociativismo de base que, a través de la organización popular, buscaban dar respuesta a las necesidades inmediatas de su supervivencia (Forni, 2002). Parte de ellas se presentaban como la respuesta organizada entablada por distintos sectores de trabajadores “informales”, “precarios” o “desocupados”, para mejorar sus condiciones de vida e ingresos a través del autoempleo, como ha sido el caso de las empresas recuperadas o las cooperativas cartoneras (Cross y Berger, 2010; Rebón y Salgado, 2008). Mientras que otras, aparecían como resultado de la implementación estatal de diversos programas sociales orientados a la promoción de la economía solidaria, en pos de desarrollar formas de ocupación “genuinas” en la población considerada “vulnerable”(Grassi, 2012).

La recuperación informal de materiales reciclables en la vía pública cobró especial relevancia en este contexto, a partir del inédito crecimiento que tuvo la actividad en los grandes centros urbanos – especialmente en Buenos Aires – y de la visibilidad que ésta cobró tras el vuelco de decenas de miles de personas a las calles en busca de los llamados residuos sólidos urbanos (RSU). Ante la posición de subordinación de los cartoneros en la cadena de valor del reciclado, diversos grupos de recolectores comenzaron a organizarse como vía para comercializar de manera asociada y de esta manera incrementar sus ingresos. Asimismo, un conjunto de conflictos suscitados en torno a los medios de acceso a la ciudad y al reconocimiento de los recolectores como trabajadores ambientales dieron paso a la conformación de nuevos colectivos asociados. Hacia el 2014 gran parte de estos colectivos se habían formalizado bajo la figura cooperativa llegando a congregar a más de 3500 trabajadores distribuidos en alrededor de 15 organizaciones asociativas que actualmente forman parte del servicio de higiene urbana de la CABA. Es decir que, a lo largo de una década, los cartoneros han logrado ser reconocidos por las políticas públicas ambientales, consolidado su posición en la cadena de valor del reciclado y obtenido mejoras sustanciales en sus condiciones de trabajo a través de su incorporación a la gestión local de los RSU.

La extensión del asociativismo en el sector cartonero ha sido objeto de amplias controversias entre los académicos abocados al estudio del fenómeno. Una parte significativa de los trabajos especializados en la temática ha remarcado las tensiones presentes en la construcción asociativa del sector, a partir de señalar cómo el habitus específico de los recolectores poco tiene que ver con el accionar asociativo y la consecución de acciones colectivas (Fajn, 2002). Estas tensiones han sido explicadas a partir del carácter fundamentalmente individualista y cuentapropista del oficio cartonero (Schamber, 2008). Asimismo, la carencia de capital y conocimientos técnicos y de gestión, la ausencia de espacios adecuados para el acopio y clasificación de los materiales y la falta de apoyo institucional, han sido señalados como los principales obstáculos de estas organizaciones para mantener proyectos a largo plazo (Paiva, 2008). En relación a la sostenibilidad de estas experiencias, otros trabajos han destacado la importancia que para ello han tenido el despliegue de un “sentimiento de pertenencia” entre los asociados, así como la configuración de vínculos políticos y la consolidación de liderazgos y formas de representación autónomas (Dimarco, 2005). A su vez, se ha destacado cómo el marco legal brindado por el cooperativismo ha habilitado el acceso y la autogestión de una amplia variedad de recursos distribuidos principalmente por la política pública (Maldovan Bonelli, 2012); aun cuando ello también ha sido uno de los requisitos impuestos por el Estado para formalizar las prácticas de los cartoneros, en tanto parte de un proceso más amplio de producción de reglas destinadas a organizar un orden de prácticas desplegadas tanto dentro como fuera del Estado (Carenzo y Fernández Álvarez, 2011; Maldovan Bonelli, 2014a).

La perspectiva aquí adoptada recupera los aportes realizados por estas miradas pero busca posicionarse poniendo el foco en otro espacio: aquel punto de equilibrio al que las organizaciones deben arribar para lograr cumplir con los acuerdos establecidos con las fuentes de regulación provenientes del mercado y el Estado, por un lado, y con los requerimientos de consolidar un colectivo de trabajo asociado y para ello producir normas propias de funcionamiento, reglas y espacios de poder, por otro. Por cuestiones de economía argumentativa llamaré fuentes de regulación externa a las primeras e interna a las segundas, pensando esta doble dinámica en términos de una doble sustentabilidad (interna y externa) que las organizaciones deben alcanzar para garantizar su reproducción. En tal sentido, comenzaré por presentar los principales debates vinculados al asociativismo y la sustentabilidad de estas experiencias. Luego analizaré los cambios suscitados en las regulaciones externas a la actividad del reciclaje y cómo éstos dieron forma a un conjunto de disposiciones que establecen cómo debe realizarse el trabajo cartonero en la ciudad: el código de conducta de trabajo en calle, que analizaré en el apartado subsiguiente. Finalmente, en un cuarto apartado, presentaré el análisis de las prácticas y estrategias que las organizaciones llevan a cabo a fin de responder a dichas exigencias y cómo en este devenir, se construye aquello que he dado en llamar “doble sustentabilidad organizacional”.

Los resultados aquí presentados han sido parte de la investigación llevada a cabo desde el año 2007 para el desarrollo de mi tesis doctoral (Maldovan Bonelli, 2014b) y continuada bajo el desarrollo de una beca posdoctoral, financiada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (2014-2016). A lo largo de estos años he realizado un estudio de caso “encastrado” (Yin, 1994) sobre 13 organizaciones cartoneras que realizan su actividad en la CABA en el período 2007-2014, conforme a los principios de la metodología cualitativa. La reflexión en torno a las formas en las cuales se construye la asociatividad se realizó en base al estudio en profundidad de tres cooperativas: La Nueva Esperanza del Oeste, Recicladores del Tren y Recuperando Futuro.[2] La selección de estos tres casos obedeció a la necesidad de que estuvieran representadas las diferentes modalidades de trabajo y tamaño de las organizaciones de la ciudad (aquellas que trabajan en centros de clasificación y aquellas que trabajan “en calle” así como las más pequeñas que cuentan con menos de 50 asociados y las de mayor envergadura que involucran a más de 500). En este marco, he realizado más de 40 entrevistas en profundidad (Taylor y Bogdan, 1996) a cartoneros asociados, integrantes de los consejos de administración de las cooperativas, funcionarios y empleados del Gobierno de la CABA y otros informantes clave vinculados a las organizaciones. Asimismo, he participado activamente en diversas instancias tales como manifestaciones, asambleas y audiencias públicas realizadas en la Legislatura local. He analizado a su vez otro conjunto de fuentes primarias y secundarias, incluyendo la legislación ambiental de la ciudad, publicaciones de las organizaciones cartoneras, artículos periodísticos e informes ambientales, entre otros. Estos datos fueron analizados desde su producción y fueron retomados en diferentes momentos, utilizando el software ATLAS.ti Qualitative Data Analysis, V. 7.

 

Asociativismo y sustentabilidad organizacional

El desarrollo de las experiencias asociativas – enmarcadas tradicionalmente en la llamada economía social – tanto en Argentina como en los países europeos, tuvo como uno de sus epicentros al fomento del cooperativismo como instancia organizativa privilegiada en el sector. En el caso argentino, desde mediados del siglo XIX y hasta el último cuarto del siglo XX, emergieron experiencias sumamente significativas que han sido pioneras en el desarrollo de su actividad y en la articulación que han tenido con otras instancias del cooperativismo internacional, tales como El Hogar Obrero.[3] Sin embargo y más allá de algunos casos puntuales, la evolución de este tipo de organizaciones tuvo un lento recorrido en el país, al menos hasta mediados de la década del 70, cuando los cambios en las condiciones del mercado de trabajo – atravesadas por el desempleo, la precariedad y la informalidad – marcaron un hito en el desarrollo del asociativismo, lo cual podrá observarse también en gran parte de los países de Latinoamérica y Europa.

En la actualidad, es posible encontrar un sinnúmero de experiencias asentadas en el asociativismo que se crean alrededor de distintos espacios de interacción social con fines particulares, tales como las asociaciones filantrópicas, las vecinales, las culturales, las deportivas, las de clase y las de trabajo (Peixoto de Albuquerque, 2004). En este caso, me interesa remitirme a este último tipo, en tanto que es aquel que refiere a los procesos organizativos que buscan hacer frente a las problemáticas de empleo de amplios sectores de la población. De allí que, la “asociatividad para el trabajo” (Maldovan Bonelli y Dzembrowski, 2009) es entendida aquí como el conjunto de prácticas que permiten el sostenimiento de actividades productivas gestionadas por trabajadores y la consecución, distribución y control de los recursos que circulan en torno a estos emprendimientos, sea cual fuere su origen (mercado, políticas públicas, programas de fomento gubernamentales y/o no gubernamentales, donaciones, etc.) y su especie (dinero, prestigio, legitimidad, bienes para consumo, herramientas, etc.).

La asociatividad es por ende tanto una modalidad organizativa que habilita el acceso a los bienes y recursos necesarios para la reproducción ampliada de los sujetos, al mismo tiempo que una forma de hacer sociedad (Vuotto y Acosta, 1998). En la construcción asociativa los sujetos se encuentran en pos de disputar intereses comunes y se ven “obligados” a reinventar las formas de organización y comunicación con los otros, a regenerar lazos y normas que permitan arribar a los objetivos que se han propuesto (Aguirre y Pinto, 2006). Para la consecución de sus objetivos estas organizaciones adoptan arreglos colectivos en la organización del trabajo y en la gestión del emprendimiento minimizando la presencia de relaciones asalariadas. Por ende, una de las características más relevantes de estas organizaciones es la indivisión que presentan entre el capital y el trabajo. El factor trabajo (Razeto Migliaro, 2002) ocupa un lugar central en este tipo de asociatividad dado que, por una parte, los sujetos que la construyen se proponen sostener su fuente de trabajo, y por otro, es el trabajo – bajo una relación asociada – lo que sostiene a estas iniciativas.

La mayor parte de los autores que trabaja la temática del asociativismo coincide en señalar que las asociaciones se caracterizan por la construcción de lazos sociales basados en la confianza, la reciprocidad y la solidaridad (Laville, 2007; Tiriba, 2008). Sin embargo, cabe remarcar que la construcción de estos lazos no necesariamente surge de un proceso espontáneo y natural del asociativismo dado que en estas experiencias también intervienen tendencias centrífugas que llevan a la pasividad, al protagonismo de algunos o al conflicto, en tanto que los asociados son social e individualmente desiguales y tienen – además de intereses comunes – motivaciones distintas y concurrentes (Tirado, 2010).

En estas organizaciones la legitimidad organizacional – a diferencia de las organizaciones productivas capitalistas – es indisociable del lazo social que supone la construcción de reglas que rigen las relaciones entre sus miembros (Haeringer, Laville y Sainsaulieu, 1997). De ahí que, mientras que en la empresa el bien o el servicio es el que genera el lazo social, en la asociación es el lazo social el que genera el bien o el servicio. Ello tiene una particular implicancia al momento de reflexionar en torno a la sustentabilidad de estas experiencias en tanto que la dimensión social de los emprendimientos adquiere un papel fundamental. Al respecto, mientras que algunos autores asimilan la sostenibilidad organizacional con la viabilidad económico-financiera de un emprendimiento – a nivel micro – y su capacidad de autosostenimiento a través de la inserción mercantil (Gaiger, 2006); otros, plantean la necesidad de reflexionar sobre la sostenibilidad a nivel meso y macro y de integrar la dimensión social a los análisis a través de la reflexión continua sobre el alcance de sus prácticas “… tanto en relaciones de intercambio como de valores, incluyendo recursos y actores, institucionales o no, organizados o individuales, en un encuentro creativo, con diversidad y sin modelos” (Coraggio, 2008: 48). Desde nuestra mirada, consideramos que el análisis de las prácticas asociativas y su vinculación con la sustentabilidad organizacional debe tener presente de manera continua una doble dimensión: aquella que hace referencia a los requerimientos impuestos a las organizaciones “desde afuera” y aquellas exigencias propias de los colectivos de trabajo para construir consensos y normas propias de funcionamiento, acordes con las disposiciones externas. Es esta doble dinámica – en permanente tensión – la que hemos dado en llamar “doble sustentabilidad”.

Al hablar de sustentabilidad externa me refiero a los requerimientos de adaptación y encuadramiento de las organizaciones en las disposiciones que “desde afuera” de la organización, imponen límites al accionar y construyen al mismo tiempo posibilidades de acción. La utilización de la figura jurídica cooperativa, la articulación con una determinada política pública o bien la adaptación a ciertos requisitos del mercado pueden ser entendidas de esta manera. Por otra parte, con sustentabilidad interna, me refiero a las necesidades y requerimientos de la organización en términos de crear y consensuar normas y prácticas que permitan mantener unido al colectivo que la constituye. La creación de símbolos y espacios comunes, de una identidad compartida y de reglas colectivas forma parte de esta dimensión.

Cabe remarcar que en frecuentes ocasiones las exigencias que vienen de “adentro” y de “afuera” de las organizaciones no siempre son compatibles y muchas veces son hasta contradictorias, por lo cual la sustentabilidad se encuentra siempre en un equilibrio precario, que requiere ser constantemente recreado al modificarse las condiciones externas e internas de cada experiencia asociativa. De ahí que la reflexión en torno a la producción y reproducción de las prácticas asociativas requiere adoptar una perspectiva dinámica, atenta a las transformaciones contextuales, pero que también permita dar cuenta de los cambios en las aspiraciones e imaginarios de los trabajadores asociados.

 

Políticas ambientales y reciclado de RSU en la Ciudad de Buenos Aires: las fuentes de regulación “externas” al trabajo cartonero

La problemática de la gestión de los RSU es relativamente reciente en Argentina y fue a partir de los últimos 15 años que los gobiernos nacionales y municipales han comenzado a diseñar políticas específicas de tratamiento de este tipo de materiales, que incluyen la recuperación y el reciclado, entre otras cuestiones. Una particularidad atraviesa a las estrategias adoptadas tanto en Argentina como en otros países de la región: la incorporación de los recuperadores informales en el diseño e implementación de políticas ambientales. Cartoneros, pepenadores y catadores[4] – según corresponda a la acepción utilizada en cada país – han sido paulatinamente incorporados a las políticas de gestión ambiental bajo el objetivo explícito de su inclusión socio-laboral, dada a partir del reconocimiento de su actividad como un trabajo y de los beneficios económicos y ambientales que ésta trae aparejados.

En la Ciudad de Buenos Aires, las miles de toneladas de RSU recolectadas diariamente por los cartoneros (principalmente a partir de la crisis de principios de siglo) y puestas nuevamente en valor a través de su comercialización en pequeños y medianos galpones de clasificación y acopio contribuyeron a dinamizar el mercado de materiales reciclables. Ello fue impulsado al mismo tiempo por la devaluación de la moneda en el año 2002 y el consecuente aumento del costo de ciertas materias primas que hasta entonces provenían de la importación.[5] Este dinamismo se encontraba en tensión con la legislación vigente – que al momento prohibía expresamente la recuperación de residuos en la vía pública – y se enfrentaba con los intereses de las empresas privadas encargadas de la recolección y disposición de residuos en la ciudad. En este marco, el cartonero se consolidó como el actor más débil en la cadena del reciclado, operando como un trabajador invisibilizado que realizaba una actividad considerada ilegal, al mismo tiempo que contribuía a la provisión de materiales para los intermediarios y las referidas industrias.

La perspectiva de Mauricio Macri, actual Presidente de la Nación y por entonces candidato a Jefe de Gobierno de la CABA y propietario de la empresa MANLIBA (que hasta 1997 manejaba el 70% de la recolección de los residuos en la ciudad), permite ejemplificar este conflicto:

Hay crisis en el manejo final de los residuos y el cirujeo es un descontrol absoluto. Formar cooperativas no resuelve nada. Este es un negocio millonario y los cartoneros tienen una actitud delictiva porque se roban la basura. Además, no pagan impuestos y la tarea que realizan es inhumana […] Los recolectores informales no pueden estar en la calle. Los vamos a sacar de la calle. […] Ejerciendo la ley. Están cometiendo un delito. Tenés que darles una alternativa, como contratar a unos miles para que hagan la separación de residuos dentro de los centros de procesamiento, y no en la calle [P:¿Y al que siga en la calle?] Me lo llevo preso. Vos no podés alterar el orden en algo que es un delito, porque es tan delito robar la basura como robarle a un señor en la esquina. Y, además, daña la salud. Entonces, llamo a concurso a miles de personas, y les doy trabajo [La Nación, 27 de agosto de 2002].

Aquí aparecen varias cuestiones que me interesa remarcar. En primer lugar, la percepción de la situación ambiental dentro de una situación de “crisis” producto del mal manejo de los residuos. Para Macri los cartoneros eran la mayor expresión de ese “descontrol absoluto”, que se generaba a partir de su “actitud delictiva”. El principal delito, “robar la basura”, pone de relieve cómo la presencia de los cartoneros trascendía la problemática social de la época para incidir en un “negocio millonario”[6] que afectaba los intereses de distintos actores para los cuales la basura era una mercancía (Schamber, 2008). Esta disputa por los intereses económicos en torno a la cuestión de la basura remitía también a otras dos problemáticas. Por un lado, la necesidad de dar respuesta a la situación de los cartoneros, en tanto expresión de la “nueva cuestión social” (Castel, 1997), que en términos de los principales medios de comunicación representaban al del ideal de pobre honrado que “antes que robar, empezaron a juntar cartón”; y por otro, a los cuestionamientos que ésta problemática abrió en el campo de las políticas públicas ligadas al cuidado ambiental y a la higiene en la ciudad. En palabras del ex-presidente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE):

El problema no es en términos económicos. Es en términos de salubridad. Muchas veces se generan basurales clandestinos, en los que los cirujas depositan su recolección cotidiana y la clasifican para venderla. Y cuando se van, quedan terrenos llenos de residuos y proclives a generar enfermedades y pestes de todo tipo [Guillermo, ex-presidente CEAMSE, 2009].

La disputa por la defensa de intereses económicos y la necesidad de establecer un marco para el ordenamiento territorial (en el marco de una crisis social de gran envergadura como fue la suscitada en el 2001 en Argentina) fueron así los factores principales que abrieron paso a la reforma de las políticas ambientales en la ciudad. En este camino, diversos actores comenzaron a apoyar al incipiente proceso de organización social de los cartoneros, cuestionando la asociación establecida entre recolector informal y delincuente. Organizaciones ambientalistas, asociaciones vecinales, universidades y sindicatos, entre otros, se acercaron a estos trabajadores y comenzaron a estrechar lazos para el diseño de un accionar colectivo y conjunto. Fueron estas primeras redes y experiencias asociativas las que participaron de la discusión sobre las reformas de la política ambiental y las que luego accedieron a los primeros recursos distribuidos por el Estado hacia los cartoneros. A su vez, y a pesar del número relativamente pequeño de trabajadores que éstas congregaban en relación al total de recolectores estimados en la ciudad, éstas lograron su reconocimiento legal como prestadoras de un servicio público, abriendo camino hacia la mayor formalización y profesionalización del sector cartonero.

El primer cambio en la ciudad en dicha dirección se dio a partir de la sanción de la Ley n.º 992 en el año 2002, donde se reconocía formalmente a los recuperadores urbanos como actores legítimos en la prestación del servicio de higiene urbana. Así lo relataba la presidenta de una de las organizaciones participantes de este proceso:

[E]sta ley después le fue en contra a los mismos legisladores porque ya muchas acciones no las podían hacer, porque ya había algo que estaba asentado por ejemplo, que los recuperadores formaban parte del servicio de higiene urbana, o sea que ya no los pueden perseguir […] ya había algunas personas que si se registraban y te daban los elementos supuestamente la policía no te tenía que perseguir si vos estabas trabajando. [Virginia, presidenta, Cooperativa Abuela Naturaleza, 2009].

La habilitación legal a ejercer la actividad permitió entonces un mayor nivel de protección en tanto que “la policía no te tenía que perseguir si vos estabas trabajando”. El discurso institucionalizado en la legislación dejó algo “asentado”, impuso nuevas condiciones y posicionamientos de los actores en este campo de disputa, que si bien no se modificaron de manera automática abrieron un camino de cambios en los cuales el ciruja se “transforma” en recuperador urbano y la actividad pasa de estar prohibida a ser reconocida y legalizada.

Posteriormente, y refrendando la disposición anterior, la Ley n.º 1854 – conocida como la Ley de Basura Cero – significó un mayor avance en dicha dirección en tanto que delimitó las funciones de las cooperativas cartoneras en la CABA, definiéndolas como prestadoras de un servicio público y previó la construcción de espacios de recuperación de materiales reciclables que quedarían bajo su exclusiva gestión. Asimismo, ésta última fue crucial en la determinación del nuevo rumbo que adoptará de allí en más la política de gestión de residuos de la ciudad en tanto que estableció un cronograma paulatino de recuperación porcentual de RSU, culminando con la prohibición total de su entierro hacia el año 2020. Junto a ello, esta disposición reafirmaba el papel de los recuperadores urbanos y sus organizaciones como prestadores exclusivos del sistema de higiene urbana y preveía su incorporación como tales en una nueva licitación del servicio a realizarse en la ciudad. No obstante, dicha licitación tardó más de siete años en realizarse y fue durante el año 2013 cuando finalmente se llevó a cabo.

Durante estos años, se incrementó notablemente la cantidad de cartoneros asociados, fundamentalmente a partir de diversos conflictos establecidos en torno a las formas de acceso y trabajo en la ciudad. Estos conflictos abrieron nuevas “oportunidades políticas”(Tarrow, 1997) para el sector, operando como un incentivo que potenció las acciones colectivas llevadas a cabo y llevando a un giro trascendental en el papel otorgado a los cartoneros en la gestión de los RSU. El crecimiento de las organizaciones cartoneras, de la mano con los cambios en la política ambiental han sido los dos ejes centrales de la configuración del nuevo modo de gestionar los RSU en Buenos Aires, en el cual los cartoneros se posicionaron como los prestadores exclusivos del servicio, obteniendo de allí en más un amplio abanico de recursos que permitieron mejorar su lugar en la cadena de valor del reciclado. La legitimación de estos trabajadores en su papel de agentes autorizados a interpelar la política local supuso el cumplimiento de un requisito fundamental, impuesto por el gobierno de la ciudad: la formalización de los grupos de trabajo asociado a través de su constitución legal en cooperativas de trabajos y/o servicios. De allí en más se estableció un conjunto de normas que estas organizaciones debían respetar a fin de sostener su posición en las políticas públicas ambientales.

 

Las reglas impuestas “desde arriba”: el código de conducta del trabajo en calle

Los acuerdos establecidos para la gestión de los RSU en la ciudad se plasmaron en contratos firmados en enero de 2014, en los cuales quedaron establecidos los derechos y obligaciones de cada una de las partes. La configuración de las cooperativas de recuperadores urbanos puede entenderse entonces como producto de un extenso proceso de disputa en torno al modo en que “deben” gestionarse los RSU en la ciudad. En este proceso las organizaciones se constituyeron, de hecho y de derecho, en portavoz legitimado de los intereses de los cartoneros, pero también asumieron diversas obligaciones en nombre de todos ellos. Y ello porque la habilitación y fomento estatal a su práctica quedó condicionado a la observancia de reglas que refieren a la organización del trabajo, a su comportamiento durante la recolección y a la interacción con otros cartoneros no asociados.

Entre los derechos a los que accedieron las organizaciones cartoneras se encontraban un cúmulo de recursos materiales y simbólicos que podemos sintetizar en: el reconocimiento de los cartoneros como trabajadores de la política ambiental, la designación de las organizaciones cartoneras como prestadoras exclusivas del servicio de recuperación de RSU, la provisión de la logística para que las organizaciones realicen su trabajo (camiones y micros para el transporte de los asociados y sus carros, centros de clasificación y comercialización), bolsones para llevar a cabo la recolección en las calles, uniformes para los trabajadores con la identificación de cada cooperativa y una prestación monetaria mensual para cada trabajador denominada “incentivo” (que a fines del 2014 rondaba los $3000 pesos argentinos – alrededor de 350 USD).

Dichas prestaciones eran, en palabras del por entonces Ministro de Ambiente y Espacio Público, una vía para la “formalización” de estos trabajadores, entendiendo por ella a una regulación de la actividad que tendía a acercar al cartoneo a un “trabajo formal en términos de seguridad social, de uniforme, de responsabilidades, de convenios, de contratos, etcétera” [Juan Pablo Piccardo, Registro de Audiencia Pública, CABA, 24 de septiembre, 2008]. El incentivo en particular, por ser “un acercamiento a un primer sueldo”, como me comentaba una de las trabajadoras de la Dirección General de Reciclado del Gobierno de la CABA (DGREC), “fue algo que cambió la lógica”. No sólo porque era “la primera vez que se les retribuye en guita por el laburo que hacen” sino también porque “obligó a tener un listado de cada compañero que está en la cooperativa, de armar un sistema de altas y bajas, de que el delegado tuviera que saber qué gente viaja con él y quién no, quién venía desde hace un año y quién venía desde hace un mes”. Asimismo, “implicó que hubiese más control del gobierno, con lo cual, al haber más control del gobierno la organización tuvo que responder con más organización” [Andrea, trabajadora DGREC, 2012].

Es decir que, la percepción del incentivo estaba estrechamente vinculada al ejercicio de un “control” gubernamental que implicaba la observancia de un conjunto de normas centradas en la regulación de las prácticas cotidianas de los trabajadores que delimitaban una determinada manera de llevar a cabo las tareas durante la recolección en la ciudad, a saber: concurrir al menos tres veces a la semana a trabajar; no romper las bolsas deresiduos durante la recolección en la vía pública; no consumir alcohol ni otras sustancias durante la prestación del servicio; no concurrir con menores de dieciséis años a trabajar; y utilizar el uniforme de trabajo y la credencial habilitante otorgada por el gobierno local. Estas regulaciones delimitaron un conjunto de normas disciplinarias orientadas a la reducción de los niveles de conflictividad generados entre los recolectores, vecinos, empresas y funcionarios locales, en los primeros años de masividad de la actividad. La continuidad en la concurrencia al trabajo, la utilización del uniforme y la portación de una credencial instauraron un set de prácticas que permiten establecer un mayor control sobre estos cartoneros – los asociados –, en tanto que de aquí en más será posible controlar sus días de ingreso a la ciudad como trabajadores e identificar su pertenencia institucional ante cualquier infracción cometida. La cuestión de “no romper bolsas” y no consumir sustancias durante la realización de las tareas retoma preocupaciones y demandas de los vecinos en torno al “orden” y la “seguridad” de la ciudad que fueron particularmente asiduas durante los primeros años de la década pasada; pero también remite a la necesidad de evitar conflictos con las empresas recolectoras encargadas de mantener la limpieza de la CABA. Finalmente, la prohibición de concurrir con menores de dieciséis años a trabajar responde al seguimiento de políticas de desaliento del trabajo infantil, fundamentalmente en un sector en el cual – a mediados de la década pasada – se estimaba que casi la mitad de los trabajadores eran niños y/o adolescentes (UNICEF, 2006).

Notablemente estas regulaciones ayudaron a moderar los niveles de conflictividad relacionados a la presencia de los cartoneros expresada por los vecinos y permitieron regular los conflictos con las empresas recolectoras en torno a la propiedad de los residuos. Los acuerdos derivados de dichas disputas otorgaron un nuevo papel a las organizaciones cartoneras en lo que respecta a su labor como prestadores de un servicio público y habilitaron un reposicionamiento en la cadena del valor del reciclado. Y ello porque el cambio en la legislación y el acceso a nuevos recursos y medios de trabajo permitieron a las organizaciones incrementar la cantidad de materiales recuperados y delinear estrategias de comercialización asociada que posibilitaron la reducción de intermediarios y de ahí, el incremento de los ingresos obtenidos por las ventas.

Ahora bien, si por un lado la posesión de mayores recursos fortaleció la posición relativa de las organizaciones frente al Estado y el mercado, al mismo tiempo ello supuso nuevos desafíos para las cooperativas que, en el marco de los nuevos acuerdos, debieron aprender a gestionar los bienes obtenidos a través de la puesta en juego de los saberes y capacidades adquiridas. Esto es, a mayores recursos disponibles fue necesaria una mayor capacidad de gestión y movilización, tanto de lo obtenido como así de lo que ya se poseía. Y ello principalmente porque, si bien los recursos son otorgados por el Gobierno local (quien ejerce a su vez un papel de regulador del funcionamiento de las organizaciones), son las cooperativas las encargadas de administrar dichos recursos y distribuirlos entre los asociados, para lo cual deben crear sus propios mecanismos de control y regulación. Así, por ejemplo, para el cobro de los incentivos las organizaciones deben comprobar – como mencionaba Andrea – quiénes van a trabajar a partir de “un sistema de altas y bajas” que permita controlar el presentismo. En sus palabras, para responder a estos requerimientos “la organización tuvo que responder con más organización”.

De dicha capacidad de gestión depende el sostenimiento de los acuerdos y de ahí la afluencia de recursos necesarios para la reproducción de las organizaciones y de la posición lograda. Por ende, es allí donde reside la tensión que mencionaba en las primeras páginas de este artículo, referida a la necesidad de sostener un equilibrio entre aquello que he dado en llamar sustentabilidad “externa” y aquellas prácticas que hacen a la dimensión “interna” de la sustentabilidad organizacional, que analizaré a continuación.

 

Recursos y prácticas asociativas: la “sustentabilidad interna” de las organizaciones cartoneras

La implementación de las prácticas organizacionales que permiten el sostenimiento de la posición lograda por las cooperativas en el marco de las políticas ambientales y de la cadena de valor del reciclado, lejos de ser un proceso lineal y sencillo, supone una difícil labor de articulación entre las expectativas del ámbito gubernamental y las de quienes compran los materiales recuperados, por un lado, y aquellas de los cartoneros que “asumen el riesgo” de sumarse a estas experiencias, poniendo en juego los recursos y vínculos construidos a lo largo de años de trabajo individual, por el otro. A la búsqueda del – siempre precario – equilibrio entre esas dos fuentes de exigencias la he denominado “sustentabilidad interna”, señalando de este modo que los actores principales de dicha búsqueda son los integrantes de las cooperativas.

Cabe mencionar que, si bien el formato de estas organizaciones es cooperativo una vez que los cartoneros llegan a la ciudad, el trabajo que realizan durante la recolección continúa ejerciéndose de manera individual (tal como lo realizan los cartoneros no asociados). Cada cartonero decide su recorrido, se encarga de conseguir “clientes” (vecinos o comerciantes que les proveen materiales) y de mantenerlos y la cantidad y tipo de materiales que consiga obtener depende de su esfuerzo individual y de las posibilidades ofrecidas por el recorrido realizado. Asimismo, las instancias de clasificación y comercialización de los materiales continúan estando a cargo de cada recolector, que generalmente clasifica en su hogar y luego vende en función de los acuerdos individuales que haya establecido con un galponero de la zona. Esta característica, propia de la actividad, en muchas ocasiones dificulta la construcción asociativa, en tanto que pone en tensión constante los intereses individuales y colectivos. Sin embargo en este “trabajar solos” hay algunas cuestiones que se modificaron en el transcurso de los últimos años y que se vinculan a aquellas disposiciones internas y externas acerca de qué se puede hacer y qué no se puede hacer durante la recolección en la ciudad. Es aquí donde los recursos tienen un papel preponderante.

En las cooperativas cartoneras una parte significativa de estos recursos son clave para poder acceder al espacio de trabajo[7] y en variadas ocasiones permiten mejorar las condiciones de su ejercicio, así como las condiciones de vida de estos trabajadores. El análisis del papel que tienen los “incentivos” permite comprender en mayor medida estas afirmaciones, en tanto que éstos contribuyen a la construcción de la sustentabilidad interna de las organizaciones en más de un sentido. En primer lugar, el incentivo permite incrementar los ingresos de los asociados a través de la transferencia regular de un monto de dinero que es transferido por el Estado a través de las cooperativas. Varios de mis entrevistados mencionaban el “cambio” que implicó “empezar a cobrar”, ya que la existencia del incentivo “motivó a la gente” y varios compañeros “decidieron integrarse” a la organización. Entonces ahora “es muy distinto a lo de antes” porque “antes no cobrabas nada y ahora sí” y ello implica – entre otras cuestiones – que ahora “hay otras reglas”. Raúl, asociado a Recuperando Futuro, lo expresaba de esta manera:

¿Hay alguna diferencia entre trabajar por su cuenta y trabajar en una cooperativa?

Cambia porque tenemos un sueldito ahora, que antes no lo teníamos, antes nosotros veníamos día y noche y no veíamos la ganancia, ahora tampoco se ve mucho, ya es otra forma de trabajar porque ahora tenemos un sueldo [Raúl, asociado RF, 2011].

Para Raúl, tener un “sueldito”, es una posibilidad de mejorar sus ingresos a través de una asignación mensual regular, que es, de algún modo, independiente de la “ganancia”, es decir de lo que se obtiene a cambio de la venta de los materiales. La idea de sueldo aparece con una doble connotación: por una parte, refiere al incremento de los ingresos; por otra, le otorga una dimensión simbólica a través de la asociación de dicha prestación con un “sueldo”, fortaleciendo la legitimación del cartoneo como un trabajo que, como mencionamos, hasta hacía pocos años atrás era considerado una actividad ilegal. Y a este reconocimiento material y simbólico provisto por el incentivo se añade otra dimensión vinculada a la retribución que los cartoneros deben realizar para poder percibirlo. Porque, como menciona el entrevistado, a partir del cobro comienza a establecerse “otra forma de trabajar” que implica que “hay cosas que vos podés hacer como cooperativista y hay cosas que vos no podés hacer”. Esta limitación refiere a la adscripción al conjunto de normas que componen el código de conducta analizado previamente.

De ahí que, si por un lado los incentivos establecen una mejora concreta en la calidad de vida de los asociados a través del incremento de sus ingresos, por el otro, contribuyen a fortalecer el involucramiento de los cartoneros con las normas que rigen a las organizaciones. Es a partir de su distribución que las cooperativas pueden sancionar de modo eficiente los incumplimientos, mejorando su capacidad para imponer el código de conducta acordado con las autoridades. Y para ello las organizaciones entablan prácticas que responden a una doble dinámica en la que se complementan las decisiones adoptadas por consenso y el establecimiento de pautas disciplinarias a partir del establecimiento de reglamentos internos, tal como lo expresan dos integrantes del consejo de administración de la cooperativa La Nueva Esperanza del Oeste:

G: A medida que se conseguían más aumentos de incentivo, la gente empezaba a confiar más. Ya empezó a soltarse un poco porque estaban desconfiados. Empezó a soltarse un poco y empezamos a explicarles el reglamento que correspondía para la cooperativa, aceptaron y, bueno, mal que mal, a veces renegamos con alguno pero bueno… eso pasa en todo, en todo cartoneros, en toda cooperativa.

¿Y ese reglamento qué es? ¿Algo que armaron ustedes?
A: Un reglamento interno, a parte del reglamento en sí como cooperativa.
G: Todo para formalizarlo y estar mucho mejor, más cómodos.
¿Qué decía ese reglamento?
G: Estaba basado en el tema del compañerismo. Como cartonero, no romper las bolsas, no estar bebiendo en la vía pública… en ese momento nos costó muchísimo hasta que se entregó la ropa… ese es otro tema también, que en la calle empezaron a tener un poquito más de respeto, siendo que somos de años trabajando en la zona. No solo la gente que constantemente vos ves sino también la policía. De decir “no, son de la cooperativa”. Entraron un poquito más en conciencia también los compañeros… el que se droga en la vía pública, hacerlo donde nadie lo vea, el que bebe también… se fue generando el cambio de a poquito. A medida que íbamos avanzando, los cambios se iban dando de a poquito. [Gerardo y Adriana, presidente y tesorera NEO, 2012].

La particularidad de estas organizaciones, que reside en que la gran mayoría de los asociados se encuentra dentro de la modalidad de trabajo en la calle, requiere de la creación de formas específicas de regulación que difieren de los mecanismos tradicionales. Los incentivos operan aquí como un medio de sanción ya que quienes incurren en faltas pueden ser sancionados con una reducción, parcial o total, del incentivo, durante un mes o más y hasta con la expulsión de la organización. La utilización de los incentivos como medio de control y sanción permite a las organizaciones superar las dificultades de regulación que surgen de la alta dispersión de los trabajadores durante la realización de las tareas. Las formas de regulación de las prácticas no parten entonces de la supervisión constante del trabajador en su espacio de trabajo, sino que están referidas principalmente a sus conductas y sus prácticas en términos del comportamiento en la ciudad. Lo que se penaliza no es la cantidad o calidad de materiales que los cartoneros juntan, es decir si realizan bien o mal una labor ambiental; sino que las sanciones se establecen en torno a una “forma de ser” en la ciudad ligada a la contención del conflicto social y el ordenamiento territorial. De ahí que los incentivos, en tanto que operan en distintas situaciones como “un sueldo”, “una motivación”, “un medio de regulación” o “un medio de sanción”, se constituyen en la base de organización de estas cooperativas, en un punto de encuentro que aparece como el “interés” sobre el cual se despliegan estas organizaciones.

En este sentido, las cooperativas funcionan como gestoras de los beneficios pero también garantes del cumplimiento del reglamento de trabajo. Asimismo, si por un lado, las reglas son impuestas “desde arriba”, es decir desde las normativas establecidas por el Estado que fueron producto de los conflictos que suscitó la proliferación de la actividad en los ´90; por otro, éstas buscan ser consensuadas en las organizaciones, se discuten en asambleas y a ellas se agregan nuevos acuerdos que facilitan el funcionamiento de las cooperativas, llevando así al alcance (al menos temporario) de este precario equilibrio que implica garantizar la sustentabilidad “interna” y “externa” de la asociatividad.

 

Reflexiones finales

Las organizaciones de cartoneros de la CABA han recorrido un largo camino durante la última década que, luego de variadas y tumultuosas disputas, las ha conducido a un significativo reposicionamiento de su papel en el sistema de higiene urbana local. Actualmente operan en la ciudad como las prestadoras exclusivas del sistema de higiene urbana, teniendo a su cargo la gestión de los residuos secos. La ampliación de los recursos con los cuales estas experiencias asociativas cuentan les ha permitido fortalecer las posibilidades de reproducirse materialmente y tener una relativa continuidad en la afluencia de recursos que permiten a las organizaciones subsistir y proyectar nuevos horizontes de trabajo y organización. Sin embargo, las garantías de sostenimiento de la posición adquirida no se construyen de una vez y para siempre y requieren de un continuo ajuste entre las expectativas y regulaciones impuestas desde los organismos externos y las capacidades organizativas y de gestión de los trabajadores asociados. El análisis realizado a lo largo de los últimos años en base a la construcción de asociatividad en las cooperativas cartoneras me ha llevado a pensar estas tensiones en términos de una “doble sustentabilidad”, que requiere ser alcanzada para garantizar la reproducción ampliada de este tipo de experiencias.

De ahí que, a lo largo de estas páginas me he abocado a señalar cómo la construcción de la sustentabilidad organizacional de estas experiencias se encuentra siempre en un continuo y precario equilibrio; estando sujeta a los cambios en las condiciones que rigen a la actividad del reciclaje, como así a las expectativas e imposiciones de los distintos actores con los cuales estos trabajadores asociados deben interactuar cotidianamente. En este marco, he podido observar cómo el carácter asociativo de estas organizaciones así como la impronta particular brindada por el cooperativismo (figura bajo la cual éstas se han formalizado) han jugado un doble papel en la resolución – al menos momentánea – de las principales tensiones que las atraviesan: por un lado, ha permitido responder a los requisitos impuestos “desde arriba” operando como un mecanismo de formalización, ordenamiento y control del accionar de los recolectores en la ciudad; y por otro, ha posibilitado ampliar las acciones colectivas de los cartoneros, fortaleciendo su capacidad de demanda y contribuyendo a reposicionar a estos trabajadores a partir de la distribución de un conjunto de beneficios materiales y simbólicos.

En efecto, por un lado, he observado que las organizaciones deben adecuarse a las pautas que les impone su inserción como actores reconocidos de las políticas de higiene urbana y situarse en la cadena de valor del reciclado, las cuales exigen la adecuación de sus modalidades de trabajo a las reglas que dicta el GCABA y a los pedidos de los establecimientos que compran su producción. Por otro lado, necesitan atender las expectativas de los trabajadores que se vinculan esperando mejorar sus condiciones de vida y trabajo y ayudarlos a lidiar con las exigencias que les impone su posición como prestadores de un servicio público regulado por el Estado. Tales exigencias aluden al modo en que desempeñan su tarea pero también requieren que, por ejemplo, se involucren en actividades – como asambleas y reuniones – en las que no siempre están interesados en participar. Y dado que los intereses y expectativas no son siempre compatibles ni reconciliables, nos interesaba mantener la idea de tensión permanente que da el concepto de doble sustentabilidad esbozado en este artículo, la cual es pensada como: el precario equilibrio entre sustentabilidad externa – las prácticas que les permiten mantenerse como agentes autorizados dentro de las políticas de higiene urbana e insertarse eficazmente en la cadena de valor del reciclado – y sustentabilidad interna – entendida como las prácticas que posibilitan que cada cooperativa pueda desarrollar cotidianamente las tareas que les han sido encomendadas.

 

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Recibido: 03/02/ 2015 Aprobación: 04/01/2018

 

Notas

[1] A lo largo de este artículo los términos “cartoneros”, “recolectores” y “recuperadores urbanos” se utilizarán de manera indistinta. El término “cartoneros” corresponde a una categoria nativa de auto-adscripción; el término “recolectores” proviene de la referencia a la tarea principal que los cartoneros realizan (la recolección de materiales reciclables en la vía pública) y el término “recuperadores urbanos” responde a la denominación otorgada a estos trabajadores por las políticasambientalesdelaCABAluegodelaño2002.

[2] Los nombres de estas tres organizaciones y de los entrevistados referenciados han sido modificados con el propósito de respetar el anonimato de sus relatos.

[3] La cooperativa El Hogar Obrero se creó en 1905 con el objetivo de proporcionar crédito a sus asociados para la adquisición de sus viviendas. La cooperativa significó en la época un importante elemento para el acceso a la vivenda y los bienes de consumo durables de una parte importante de los sectores populares que poco a poco fueron incorporándose a las clases medias en un período de movilidad social ascendente. En tanto entidade rectora de la economia social de la época, El Hogar Obrero logró articular com el sistema de cooperativas agrarias y de consumo e impulsó la fijación de las bases legales para la organización del consumo cooperativo, siendo una asidua promotora del movimiento federativo del cooperativismo en el país (Forni, Angélico y Roldan, 2003).

[4] Responden a los términos utilizados en Argentina, México y Brasil respectivamente para hacer referencia a las personas abocadas a la recolección informal en la vía pública o bien en los espácios destinados a la disposición final de los residuos.

[5] El fin de la convertibilidad cambiaria en el año 2002 tuvo una importante incidencia en los precios de los diversos insumos utilizados por la industria local; principalmente el papel y el cartón. El cierre de la importación de dichos insumos debido al abrupto aumento de precios llevó a la necesidad de incentivar el reciclado como medida sustitutiva. En este caso la importación bajó un 62% luego de la devaluación, en comparación con el primer trimestre del 2001, al mismo tiempo que su precio aumentó notablemente; se estima que la venta de estos material es a la industria papelera aumento más de un 300% en el período (Pescuma et al., 2002).

[6] Las estimaciones realizadas por la CEAMSE hacia el 2001, indicaban que “el circuito ilegal de la basura se lleva por año 1.839.600 de pesos, un número importante dentro de los 60 millones netos que genera el negocio global”; cifra que proviene del 5% del total de 1.314.000 toneladas de resíduos domiciliários que se producen anualmente y por las cuales la CEAMSE recibía $28 por tonelada llevada a disposición final (La Nación, 03 de marzo de 2001).

[7] Tal es, por ejemplo, el caso de los camiones. Previo a la conformación de cooperativas los cartoneros accedían a la ciudad en distintos ramales de tren que habían provisto un furgón especial para el traslado de sus carros. Luego de un prolongado conflicto dichos ramales fueron cerrados y a cambio, el Gobierno de la CABA se comprometió a proveer la logística para garantizar el acceso de los recolectores a los barrios de trabajo. Este recurso forma parte de los acuerdos establecidos en los Pliegos de gestión de resíduos secos previamente mencionados.